En contraste con las declaraciones que en diversas ocasiones formuló el presidente Andrés Manuel López Obrador, con relación a que las elecciones de 2024 serían las más libres y pacíficas de la historia, la semana pasada Integralia Consultores y la ONG Causas en Común coincidieron en señalar que los procesos electorales en curso han sido los más violentos de la historia política reciente de México.
Las cifras son terribles: para Integralia del 7 de septiembre a la fecha, se registran 889 víctimas de actos de violencia que incluyen los lamentables asesinatos de 39 aspirantes o candidatos, 90% corresponde a cargos de elección popular en municipios; Causas en Común destaca que también fueron violentados 67 funcionarios públicos, dirigentes de partidos o colaboradores de ellos; y, en ambos reportes, dichas organizaciones, señalan que los Estados con más casos de violencia son Guerrero, Chiapas y Michoacán.
Estos datos superan lo ocurrido en 2018 y 2021 donde Causas en Común reporta 24 y 30 candidaturas asesinadas, respectivamente. Esta información torna inaceptable que, en diversos momentos, el gobierno haya pretendido minimizar las cifras como el 28 de mayo, cuando Rosa Icela Rodríguez informó que se tenían 22 asesinatos de candidaturas para luego ser corregida por el presidente, quien el 14 de junio declaró que eran solo 6.
De nuevo, los estudios realizados por organizaciones especializadas demuestran los intentos del gobierno para ocultar los niveles de inseguridad que se viven en el país y que, en ámbitos diferentes al electoral, también lastiman la vida, integridad y patrimonio de muchas familias y de comunidades enteras que son víctimas de una estrategia ineficaz de combate al crimen organizado.
Garantizar elecciones pacíficas y la seguridad de la vida de candidaturas, ciudadanía, medios de comunicación y personal electoral, es responsabilidad de diversas instituciones del Estado mexicano. Ciertamente no es atribución de las autoridades electorales garantizar la seguridad pública, aunque sí pueden desplegar esfuerzos que apoyen condiciones adecuadas para el ejercicio del derecho a elegir y ser elegido. Una democracia sin mecanismos eficaces para garantizar un entorno pacífico en el desahogo de los procesos electorales es endeble y se vuelve cautiva de los grupos delincuenciales.
Las instituciones del Estado responsables de la seguridad pública deben ejercer sus atribuciones y presentar resultados que beneficien a la sociedad, sin pretexto alguno. Vivimos una etapa de una deliberación intensa en aspectos cruciales para el futuro del país, se vale la crítica informada y constructiva, así como el contraste de argumentos, pero no la violencia ni los intentos por ocultar los datos que hablan de realidades distintas a las versiones que defiende el oficialismo.
Actores políticos, autoridades y ciudadanía debemos evitar que los procesos electorales se conviertan en una guerra, por lo cual urge combatir las causas estructurales que generan y fortalecen la presencia del crimen organizado que paulatinamente penetra estructuras de gobierno para ampliar sus esquemas de negocios. El compromiso entre todos los segmentos de la sociedad y las instituciones del Estado debe establecerse para preservar nuestra convivencia democrática en seguridad y con apego al Estado de derecho, erradicando la violencia y garantizando condiciones para que todas las personas realicen con tranquilidad sus actividades cotidianas. Es un desiderátum.
Profesor en UNAM y UP. Especialista en materia electoral.
@MarcoBanos
