De acuerdo con el documento “Metrópolis de México 2020” de la SEDATU, CONAPO e INEGI, presentado el año pasado, las metrópolis de México concentran a más de 82.5 millones de habitantes: más del 65.5% de la población del país. Identifica las 92 metrópolis en México, divididas en 48 Zonas Metropolitanas, 22 Metrópolis Municipales y 22 Zonas Conurbadas que aportan más del 80% del PIB Nacional. En 2022, Monterrey, Saltillo y Guadalajara fueron las metrópolis más competitivas, desplazando a la Ciudad de México al quinto lugar. Hasta abril de 2023, sólo se contaban con ocho instrumentos metropolitanos posteriores a 2018, lo que representa menos del 20% de las metrópolis del país.
La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) es la más grande de México, integrada por 76 municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo. En 2020, albergaba a 21.4 millones de habitantes, el 26% de la población urbana del país. Es un motor económico crucial, generando aproximadamente el 24% del PIB nacional, siendo la zona metropolitana con la mayor concentración de actividades económicas, especialmente en los sectores servicios y comercio. Pero también enfrenta desafíos aún no resueltos como en materia de infraestructura de movilidad, atención de la crisis socioambiental o de Estado de Derecho con algunos focos rojos, y por supuesto en materia de coordinación.
Aunque la Constitución de la Ciudad de México y el marco legislativo plantean esos mecanismos de gobernanza, aún no se han implementado. El Gobierno de Clara Brugada tiene la oportunidad de tomar el liderazgo para garantizar lo estipulado por la Constitución y emprender esta nueva forma de coordinación por el bien de la población, de los territorios, del desarrollo y de la naturaleza.
Esta nueva coordinación y visión de planeación tendrá la oportunidad de incluir un eje de participación ciudadana que mejorarán el acceso a la democracia local. En esta tarea de vinculación, estudios e implementación normativa y gubernamental la coordinación con el Congreso de la Ciudad de México será fundamental con la responsabilidad de acompañar esos mecanismos.
También se tendrán que detonar procesos de colaboración con organizaciones de la sociedad civil, con el sector privado, con organismos internacionales, con los territorios y los grupos poblacionales de atención prioritaria para recibir información, compilar datos e impulsar desde una visión de Gobierno Abierto acciones, políticas o agendas innovadoras. Entre esas iniciativas, la Declaratoria de Emergencia Climática que demandan cientos de activistas, decenas de organizaciones ambientales y más de 25 mil personas en una petición de Change.org; la elaboración e implementación de un nuevo Pacto Socioambiental, como bien lo define y proponen juventudes activistas de la Fundación Friedrich Ebert; o en el caso de Ciudad Nocturna: una iniciativa plural e inédita que reúne decenas de propuestas para mejorar las condiciones de la noche en la Ciudad de México.
Durante la campaña, todas esas agendas fueron entregadas a entonces candidata Clara Brugada y a su equipo de trabajo que las recibieron con entusiasmo y que ojalá sean retomadas desde una visión de ciudad más colaborativa, incluyente, justa y en paz.
