Con la eliminación anticipada de la regulación asimétrica que impide a Pemex ejercer su poder preponderante en el mercado de hidrocarburos, aprobada la semana pasada en el Congreso, avanza la intención de forzar una regresión monopólica. De surtir efectos, será sumamente perjudicial –tarde o temprano– para los consumidores, personas y empresas. Desde ahora se envía otro mensaje nefasto para la inversión: más señales de precariedad jurídica y una arbitrariedad política que enrarecen y llenan de incertidumbre el clima de negocios en México.

Lo que está por verse es si esta nueva disposición y la contrarreforma a la Ley de Hidrocarburos, aprobada unos días atrás, pasan la aduana de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta donde deben llegar los amparos que se interpongan, además de las controversias constitucionales. Al igual que la reforma eléctrica, afortunadamente detenida por ahora, adolece de claros visos de inconstitucionalidad.

Como en muchos otros asuntos torales, lo mismo en el campo energético que en el económico o para garantías fundamentales del ciudadano, estamos ante el desafío de que prevalezca la independencia del Poder Judicial para la defensa oportuna de la Constitución y los principios de legalidad.

En el caso de la contrarreforma en hidrocarburos, además, de prosperar, será combatida por la vía de los tratados de libre comercio, con altísima probabilidad de que pierda el Estado mexicano. Se violenta el principio de no retroactividad, al implantar causales de revocación que no existían cuando se otorgaron los permisos de almacenamiento, transporte, distribución y comercialización.

Más aún, las autoridades podrán suspender y cancelar esos permisos bajo criterios de enorme discrecionalidad, como percibir “peligro inminente para la seguridad nacional, la seguridad energética o para la economía nacional”. Además, intervenir las empresas permisionarias para que Pemex ocupe sus instalaciones, lo cual se asemeja mucho a la expropiación arbitraria. Así, quedan expuestas a riesgo de confiscación más de mil 600 empresas nacionales y extranjeras que obtuvieron sus permisos con plazos de 30 años.

Incluso, la Comisión Federal de Competencia, como autoridad constitucional en su terreno, podría iniciar investigaciones por abuso de dominancia e imponer medidas antimonopólicas a Pemex, a pesar de la derogación de la regulación asimétrica.

En esta sinrazón nadie gana, ni siquiera el intento de instaurar un proyecto anacrónico y regresivo que tiene más de obcecación ideológica que de realismo y visión energética.

La regulación asimétrica de Pemex se sustenta en transitorios de la reforma energética del 2014 para acotar la discrecionalidad de la empresa en ventas de primera mano y comercialización de hidrocarburos, petroquímicos y petrolíferos. Lo que se buscó fue evitar que se inhibiera o bloqueara la entrada de nuevos jugadores y el desarrollo del mercado con eventuales acciones anticompetitivas del agente predominante, por ejemplo, contratos alevosos, condicionamientos, descuentos discriminatorios o negación de información.

Ahora se pretende exactamente lo contrario: manga ancha al preponderante, con daño o riesgo de las empresas que hicieron muy importantes inversiones conforme a un marco jurídico y de negocio que ahora se cambia, como si nada. A pesar de la extraordinaria ampliación de la oferta que hemos visto, en beneficio de la capacidad de elección de los consumidores; lo mismo ciudadanos de a pie que las empresas que los usan como insumos para su producción o servicios.

Cualquiera que compare cómo eran casi todas las gasolineras hace muy pocos años y lo que puede encontrarse ahora en el mercado, o si revisa los estados financieros de Pemex, debe tener una noción de las potenciales consecuencias, incluyendo alzas en los precios de gasolinas: la petrolera más endeudada del mundo, con más de 21 mil 400 millones de dólares en pérdidas en 2020. Más de 45% de éstas las pone el área de refinación, que opera con unos 12 dólares de pérdida por barril de crudo procesado.

Todavía no se llega a la meta establecida para eliminar la regulación asimétrica en cuanto a que los nuevos competidores alcancen 30% del suministro conjunto de gasolina y diésel: Pemex concentra más de 83 y 73 por ciento, respectivamente. Si capturase el resto del mercado, la lógica indica que, aunque mejorase su flujo de efectivo (quizá), en el saldo corporativo aumentarán los números rojos, pues producir más gasolina implica producir más pérdidas. Pagaríamos más los mexicanos en las gasolineras o, en su defecto, como contribuyentes, para contener las alzas con subsidios.

Se quiere que Pemex produzca y surta toda la gasolina que se use en México, aunque sea imposible, innecesario y a costa de acelerar su bancarrota, malgastar montos exponenciales de dinero público, contaminar más el medio ambiente y la atmósfera, vulnerar el Estado de derecho, afectar a más de 15 mil permisionarios al incluir a estaciones de servicio, ahuyentar la inversión y eventualmente golpear los bolsillos de los consumidores y los ciudadanos en general. De ahí lo absurdo de esta contrarreforma. Como dice la famosa canción: ¿pero qué necesidad?