@ebuendiaz

México va en franca picada en materia de protección de derechos humanos. Durante esta semana confirmamos que el autoritarismo ya está instaurado en nuestro país. También que la división de poderes, como actualmente la conocemos, está por desaparecer.

Nuestra Constitución establece que el poder público se ejerce, principalmente, a través de tres poderes: el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Cada uno tienen funciones y atribuciones específicas que garantizan que haya control entre cada uno de ellos. Desde hace unos años, los dos primeros se han fusionado en los hechos. Todos los deseos de quien desempeña la presidencia de la República se han materializado en reformas constitucionales o legales que solo toman en consideración una visión: la mayoritaria. Incluso, aunque también les afecte.

Pese a ello, hasta hace unos meses el Poder Judicial Federal (PJF), con todas sus deficiencias, controlaba el deseo autoritario de un grupo que se auto asume como voz del “pueblo”, para limitar su actuar a lo que determina la Constitución. Hoy todo será distinto. Con la llamada reforma judicial el panorama en la impartición de justicia se ve muy obscura y, con ello, la protección de los derechos humanos va a ser muy deficiente.

Esta semana, el grupo parlamentario de Morena en el Senado presentó una iniciativa para reformar de nueva cuenta la Constitución (artículos 1, 103, 105 y 107), en la que se propone la imposibilidad de que a través del amparo u otro recurso judicial se pueda analizar la constitucionalidad de reformas constitucionales. También impide la realización del control de convencionalidad por parte de los impartidores de justicia cuando se analice la violación de derechos humanos, esto es, imposibilita analizar las afectaciones a dichos derechos a la luz de instrumentos internacionales (tratados, convenciones o recomendaciones).

Por otra parte, señala que, al aprobarse la reforma, todos los juicios e impugnaciones que se habían presentado contra la reforma judicial debían considerarse improcedentes, es decir, concluirse sin entrar al fondo de la cuestión planteada.

Seamos claros: la iniciativa denominada “Supremacía Constitucional” hace evidente un autoritarismo que ya habíamos dejado atrás en el país desde hace varios años.

De entrada, al restringir atribuciones al PJF se busca limitar la impartición de justicia. Impedir la revisión de una reforma constitucional es francamente retrógrada, pues la Constitución tiene principios que deben ser protegidos, incluso, de las propias mayorías.

También busca implementar una medida muy grave en materia de derechos humanos. Se pretende que el deber de garantizar, promover, proteger y respetarlos fuera ajeno a lo establecido en instrumentos internacionales, es decir, con tal de imponer la voluntad del “pueblo” se hace letra muerta la reforma constitucional de 2011, donde se fortaleció el reconocimiento y protección de los derechos humanos en el país.

Finalmente, la iniciativa vulnera el principio de irretroactividad de la ley que se encuentra previsto en la propia Constitución, el cual establece que las disposiciones legales que se emitan no pueden ser aplicables a hechos pasados. Otra vez una franca violación a la propia Constitución.

Es importante señalar que, en comisiones del Senado, solo fue aprobado en el dictamen la propuesta de limitar la impartición de justicia. Ello significa que las otras fueron retiradas y que el pleno del Senado solamente se centrará en aprobar si las modificaciones a la Constitución pueden ser analizadas judicialmente.

Tal parece que, para la mayoría legislativa en el Senado, el PJF sí cuenta con atribuciones para hacerlo. De ahí la imperiosa necesidad de limitar sus funciones. Es obvio que la medida refleja el temor que tienen que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda determinar, como es, que la reforma judicial es inconstitucional.

No es una buena noticia que las mayorías legislativas reformen la Constitución a su conveniencia. Que se quiera restringir el actuar de un Poder de la República es muy delicado, pues al final esta medida se va a traducir en la imposibilidad de revisar actos del Congreso, aunque sea un deseo del “pueblo”. ¿Quién limita la voluntad del “pueblo”? Estamos frente a un verdadero dilema.

Limitar a la ciudadanía en el acceso a la justicia es una franca violación a los derechos humanos. Restringir el ejercicio de derechos es todavía más grave para un país que se considera democrático. Particularmente cuando se quiere limitar la aplicación de instrumentos internacionales para protegerlos. El “pueblo” contra el pueblo. Que contradicción tan grave. Es innegable que vivimos en un país donde la violación de dichos derechos es una constante, aunque se quiera ocultar esa realidad. Son momentos muy delicados y tristes para México.

*Maestro en derechos humanos y democracia.