La Reserva Maya, que abarca territorio de Guatemala y Campeche, es epicentro de polémica una vez más.
Mientras en el Senado de Estados Unidos se discute el proyecto de ley S.3131, que pretende dotar de presupuesto al arqueólogo estadunidense Richard Hansen para realizar el proyecto "Maya Security and Conservation Partnership Program";,en México y Guatemala se rechaza la iniciativa por intervenir en el sistema natural de la selva y la organización de las comunidades nativas.
Pedro Francisco Sánchez Nava, coordinador Nacional de Arqueología del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), señaló en entrevista que no existe ninguna petición oficial para realizar trabajos de investigación o conservación en la zona de Calakmul, Campeche, y cualquier proyecto de intervención arqueológica extranjera debe cumplir con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.
"Ellos pueden emitir las opiniones que consideren oportunas, pero por lo pronto México no tiene conocimiento de algún proyecto en Calakmul-El Mirador, y en caso de que se presentara alguno, tendrá que pasar por la ley nacional. Finalmente el patrimonio arqueológico es un bien de la nación y está a resguardo por la ley federal", refirió el funcionario del INAH.
El tema salió a la luz porque la Sociedad de Arqueología Americana envió una carta al senador de Estados Unidos, James M. Inhofe, quien lleva el proyecto de ley en aquel país, para solicitar que detenga la discusión e impedir la intervención de Hansen en la zona, bajo el argumento de que la intención de fondo es construir un área turística en la Cuenca Maya El Mirador-Calakmul, que abarca territorios de Guatemala y México.
El proyecto de ley S.3131 fue presentado al Congreso de Estados Unidos por los senadores Jim Inhofe, Tom Udall y Jim Risch en diciembre de 2019 y en éste señala que es "urgente" un plan de conservación, investigación y rescate de la selva maya, principalmente en territorio de Guatemala, que, sin más detalles, incluye a Calakmul, en México.
De aprobarse la ley, el gobierno de los Estados Unidos proporcionaría 60 millones de dólares durante los siguientes cinco años para "fortalecer la gobernabilidad y la aplicación de leyes en Guatemala que combatan el saqueo de sitios arqueológicos, así como la tala ilegal de bosques, la depredación y la caza furtiva de animales silvestres en peligro de extinción", según el documento.
En tanto, el Banco Centroamericano de Desarrollo (BCIE) se comprometió a igualar el monto de 60 millones de dólares, para proporcionar la infraestructura necesaria durante la investigación que eventualmente estaría a cargo del arqueólogo Richard Hansen.
Contra la privatización
Aunque el proyecto parece en beneficio de la zona maya, la Sociedad Americana de Arqueología señala que en realidad se trata de un plan para establecer un esquema privado de turismo.
Desde 2002, el arqueólogo Hansen ha encabezado diferentes intentos para apropiarse de la zona, sin lograrlo hasta el momento debido a las protestas de las comunidades.
En la misiva al senador Inhofe, la Sociedad advierte que "la propuesta de cooperación representa un intento de los Estados Unidos de imponer, a una región fuera de sus límites nacionales, una forma de organización diferente que entrará en conflicto con la jurisdicción de dos agencias establecidas y con funciones apropiadas de los gobiernos de Guatemala y México.
"El propósito principal de esta organización es el desarrollar la industria del turismo. Independientemente de la forma en que este programa sea descrito en el proyecto de Ley, este ha sido concebido y propuesto de forma unilateral por los Estados Unidos".
El arqueólogo Joe E. Watkins, quien firma la carta, insiste que el proyecto de ley contiene una descripción simplista de los restos culturales en Calakmul en México y El Mirador en Guatemala, y el proyecto utiliza de forma exagerada superlativos para generar alarma en su protección. Sin embargo, precisa que la ley impactaría negativamente porque la zona se rige por sistemas de convivencia comunitaria, leyes gubernamentales de ambos países y protección de la ONU.
Ley federal en México
Si bien en México una parte de la investigación arqueológica es financiada por académicos internacionales, Sánchez Nava precisó que todo proyecto, nacional o internacional, debe someterse a una revisión de un consejo del INAH para determinar que cumpla con la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y en términos generales tarda un año en aprobarse un plan de intervención.
La lista de requisitos es extensa, pero se tiene cuidado en la trayectoria del arqueólogo que dirigirá la investigación, si éste tiene respaldo de una institución académica, los métodos y procesos para la exploración y los beneficios para la conservación del patrimonio nacional.
De aprobarse con todos los pedimentos, los trabajos internacionales son sometidos periódicamente a revisiones por parte del INAH, apunta el experto.
"Deben entregar un reporte periódico, investigadores del INAH acuden a ver si sus método son los correctos, si tiene materiales adecuados y regularmente están sometidos a revisiones. No cualquiera puede venir y explorar el patrimonio nacional", refirió el investigador y destaca que, de momento, el Instituto Nacional de Antropología e Historia en México no tiene ninguna petición formal respecto al proyecto de ley que se discute en el Congreso estadounidense para su eventual aprobación.
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