Mientras el balón rodaba en los estadios profesionales de la Liga Mx y los equipos y jugadores competían por el trofeo, los de pantalón largo fueron llamados a defenderse por presuntas prácticas anticompetitivas, ante una investigación que inició la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) en 2018.
Desde 2002, en la Primera División del futbol mexicano se estableció un “Pacto de Caballeros” entre algunas escuadras. En el acuerdo no escrito, los dueños acordaron que cualquier jugador necesitaba permiso de la directiva para firmar un contrato con otro equipo, incluso cuando su convenio laboral ya había vencido.
En este sentido, la Cofece llamó a los participantes de la Liga Mx a presentar pruebas y defenderse por presuntas manipulaciones de precios y servicios en el fichaje de jugadores del balompié.
La investigación, dice el organismo, es un precedente para evitar que este tipo de conductas limiten a los trabajadores a firmar contrato con cualquier empresa y afecten la determinación de los salarios.
A partir de esta resolución, los equipos, la Federación Mexicana de Futbol y hasta los agentes que se dedican a negociar los contratos de los jugadores, tendrán derecho a presentar las pruebas necesarias para demostrar su inocencia.
De acuerdo con la Ley Federal de Competencia Económica, si alguno de los técnicos, clubes o jugadores omite manifestar alguno de los hechos por los cuales son acusados, éstos se tomarán como válidos, a menos de que se acredite lo contrario.
“Los competidores no pueden restringir la oferta de un bien o servicio. Es decir, producir u ofrecer una cantidad limitada de servicios. Tampoco pueden intercambiar información para alguno de estos objetos”, comentó entonces a la OEM, Sergio López Rodríguez, titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece.
En respuesta a estos señalamientos, en noviembre de 2018, la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) externó su apertura para colaborar en las investigaciones.
En ese mismo mes, los altos mandos del fútbol mexicano convocaron a sus agremiados para tener una reunión extraordinaria y así acordar alguna estrategia de defensa ante las acusaciones por el fichaje monopólico de jugadores.
Así, representantes de los 18 equipos de la Primera División se reunieron por más de cinco horas en el Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde el presidente de la Femexfut, Yon de Luisa, y el entonces presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla, recomendaron “abrir las puertas” a los empleados de la Cofece.
El propósito de la decisión fue evitar sospechas y permitir una investigación libre y sin contratiempos.
“Los procesos de reclutamiento y contratación de recursos humanos son un mercado que ha sido investigado por las autoridades de competencia en diversas jurisdicciones alrededor del mundo, como Alemania, Chile, España, Estados Unidos y Reino Unido”, agregó la Cofece.
Añadió que las prácticas monopólicas o colusiones consisten en firmar contratos, convenios o arreglos entre los mismos competidores con el objetivo de manipular los precios, restringir o limitar la oferta y demanda de servicios en un mercado.
También se considera delito acordar posturas o contratos previos en licitaciones e intercambiar información para beneficio mutuo. Los culpables de estos actos recibirán multas de hasta 10 por ciento de los ingresos anuales de las empresas, además de cinco a 10 años de prisión.
Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, comentó a la OEM que dicha organización deportiva “fijará su postura una vez que exista una resolución del propio juicio, por respeto al proceso y sus fases”.
Con información de Javier Juárez/ Esto
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