Durante 2021 en México se registraron 25 asesinatos y más de 238 ataques a defensores del medio ambiente, lo que lo convierte en el año más peligroso para ser activista ambiental en el país.

De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la mayoría de los ataques se engloban en los estados de Morelos, Guerrero, Oaxaca y Sonora.

Uno de los casos más sonados fue el de Homero Gómez, defensor de la mariposa monarca y administrador de la reserva El Rosario en Ocampo, Michoacán, quien trabajaba en contra de la tala ilegal de árboles en dicha entidad, hasta que fue encontrado sin vida después de haber desaparecido durante dos semanas.

Sin embargo, se trata de un fenómeno mundial. En 2019, la ONG Global Witness registró 212 homicidios a ambientalistas y para 2020 la cifra aumentó a 227 lo que se traduce en más de cuatro ambientalistas asesinados por semana a nivel global.

En 2019 los países con más ataques registrados fueron Colombia y Filipinas, aunque para 2020 México subió de puesto y se convirtió en el segundo país más inseguro para ser defensor de la tierra.

Con más de 30 ataques letales, México registró un aumento del 67 por ciento respecto al año anterior, siendo la explotación forestal la causa relacionada con ellos.

Aunque hoy en día los ataques cubren una amplia gama que va desde vigilancia, robo de información e intimidación hasta violación sexual, acoso y asesinatos, el informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales publicado el 2021 por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la intimidación, el hostigamiento y las agresion físicas son las tres agresiones más comunes en México.

SIN APOYO

Pero ¿qué es lo que ha disparado estos ataques? y ¿quién los está provocando?

“Esta situación ha aumentado en México por la impunidad y porque no recibimos ningún tipo de protección hasta que tenemos amenazas de muerte o sufrimos agresiones físicas, dijo a El Sol de México Aurélien Guilabert, activista ambiental, politólogo y maestro en Gestión de Proyectos y Cooperación Internacional.

Destacó que el rol que se le ha impuesto al ambientalismo por parte de los gobiernos es un factor que influye para el incremento de los ataques.

“Se ha estigmatizado el activismo por medio de discursos que desacreditan nuestro trabajo y lo desvirtúan diciendo que respondemos a intereses privados o de algunos partidos políticos cuando no es así, aunque esas palabras ya resonaron en muchos ciudadanos, agregó.

Datos de la CEDMA muestran que desde el inicio de la actual administración, más de 58 activistas ambientales han sido asesinados en el país.

Asimismo, en México, el 95 por ciento de los casos presentados a la Fiscalía General de la República permanecen en impunidad según señala la organización México Evalúa.

“En el país apenas existe la justicia ambiental y aunque ya haya alrededor de 163 criterios reconocidos por la Suprema Corte en términos ambientales, es un problema de estado de derecho en donde no se están cumpliendo los derechos de las personas ni de la naturaleza ni de los pueblos indígenas”, añadió Guilabert.

Hoy en día, en México tampoco se apoyan las acciones en pro del medio ambiente. Tan sólo de 2018 a 2021 las áreas encargadas del medio ambiente tuvieron importantes recortes presupuestales, un indicador de la prioridad que tiene la naturaleza para el país.

Indígenas, los más amenazados

Diversas comunidades indígenas alrededor del mundo pelean sus tierras y recursos naturales con las grandes empresas y gobiernos que atentan contra el medio ambiente. Por ello son de los grupos más afectados y menos visibilizados al ser intimidados o agredidos.

Del total de agresiones a activistas en 2021, el 46.3 por ciento fue dirigido a miembros de comunidades indígenas, lo que supera las agresiones hacia miembros de integrantes de organizaciones de la sociedad civil y hacia defensores independientes.

Asimismo, durante 2020 más de un tercio de los ataques perpetuados fueron dirigidos hacia ellos.

“Se abusa de ellos pensando en que son fáciles de abusar, cuando ellos son quienes han contribuido a que cada uno de nosotros siga aquí. Las comunidades indígenas no le ponen un valor económico a un árbol o a un manglar; ellos cuidan la tierra porque la aman sin intereses políticos o internacionales de por medio, dijo a esta casa editorial Natalia Lever, especialista en relaciones internacionales, sostenibilidad y cambio climático.

Fidel Heras Cruz fue el primer activista perteneciente a una comunidad indígena a quien le fue arrebatada la vida en 2021 y el primero de cinco defensores del Río Verde asesinados los primeros meses del mismo año.

Los cinco activistas vivían en una comunidad en Oaxaca con presencia de grupos de mixtecos, chatinos y afromexicanos.

Otra de las víctimas es Irma Galindo Barrios, defensora indígena que denunció la tala clandestina en los bosques de San Esteban Atatlahuca en Oaxaca, y quien está desaparecida desde el 27 de octubre de 2021.

Una de las comunidades más amenazadas hoy en día en México es San Esteban Atatlahuca, en donde los pobladores se oponían a la tala clandestina de árboles de la zona, por lo que fueron amenazados y hostigados entre el 21 y 23 de octubre del 2021.

Por su parte, en los estados de Yucatán y Quintana Roo, quienes han manifestado oposición a las obras del Tren Maya están sufriendo un incremento de estigmatización, amenazas y procesos de criminalización.

Urge protección legal

Ante este panorama, los ambientalistas del mundo exigen sistemas legales que los protejan para que defender la naturaleza no sea una labor mortal.

“Se necesita un sistema de protección accesible y desde un enfoque de prevención que no solamente responda a amenazas de muerte o a delitos ya cometidos”, dijo Guilabert.

Sin embargo, el desinterés por la naturaleza y sus defensores no es exclusivo de un gobierno o de una empresa. Los grupos delictivos también representan un riesgo, ya que en más de una ocasión se han enfrentado con ellos.

En diciembre del 2021, en Perú, el presidente de la Organización Regional Aidasep Ucayali, Berlín Diquez, aseguró que más de 15 ambientalistas de las comunidades nativas de Huánuco y Ucayali fueron amenazados de muerte.

Además indicó que esas zonas han sufrido tala desmedida por parte de los narcotraficantes, ya que ahí obtienen sembradíos de diferentes drogas.

“Debe existir sensibilidad hacia el tema por parte de los cuerpos policiacos y todo el poder judicial para que tengan un mejor trato con todos los ambientalistas que acuden a denunciar, pero sobre todo con las personas pertenecientes a las comunidades indígenas, quienes en muchas ocasiones no son escuchados”, explicó Guilabert.

El 4 de marzo de 2018, América Latina y el Caribe adoptaron en Escazú, Costa Rica, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Laina y el Caribe, mejor conocido como el Acuerdo de Escazú.

Este garantiza el acceso a la información y los derechos de las personas defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. Hoy en día el acuerdo ya fue firmado por 24 países de latinoamérica y busca extenderse a más regiones.

Nada los detiene

Aunque las agresiones son cada vez más constantes, también son más visibles, lo que genera en la población mayor apoyo y empatía hacia los defensores de la naturaleza.

“Las nuevas generaciones no van a permitir que esto siga pasando, porque ellos entienden el valor de los ecosistemas y de la naturaleza. Ellos son quienes van a seguir movilizando al activismo y van a seguir replicando la valentía, dignidad y trabajo de sus antecesores”, dijo Lever.

Otra de las estrategias para fortalecer los movimientos es trabajar en conjunto con otras causas, es decir; ir de la mano de otros ambientalistas, así como personas de la comunidad LGBT+ y feministas, entre otros, para que se creen diálogos solidarios y de apoyo mutuo.

“Más allá de generar una conciencia individual, también tenemos que escoger a personas que tengan como prioridad al medio ambiente; personas que lo entiendan y lo cuiden, y que también estén interesadas en guiar proyectos que garanticen un futuro seguro y sano para todos, puntualizó Lever.

Los efectos del cambio climático se están acelerando y la población ya está sufriendo las consecuencias, por lo que hay que dar visibilidad y dignificar el trabajo de cada uno de los y las ambientalistas del mundo.

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