El tráfico de especies, la tala y la minería ilegal en México son delitos ambientales en los que los grupos criminales al servicio de los cárteles de la droga como el Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación y la Familia Michoacana participan activamente, y cuyo impacto ambiental está afectando comunidades enteras y uno de los bosques de agua más importantes para el centro del país.
Sus actividades afectan al ecosistema del área donde intervienen, contaminando el agua, generando islas de calor, tierras infértiles e incendios forestales, así como el desplazamiento de fauna a zonas urbanas e incluso su posible extinción a consecuencia de la caza furtiva, según explicaron académicos, activistas y organismos internacionales consultados por El Sol de México.
Aunque no hay una forma de medir numéricamente el impacto ambiental que generan, porque no hay dependencia u organización que lo registre, las consecuencias son visibles en distintos territorios del país como en los bosques de Chiapas, Guerrero, Morelos, Michoacán, Estado de México y el sur de la capital del país.
El Cártel de Sinaloay el CJNG mutilan los bosques para la venta ilegal de madera para intercambiarla con Asia por precursores delfentanilo
Vanda Felbab-Brown, investigadora de Brookings Institution
De acuerdo con el informe “Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes”, publicado en 2023 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para el cultivo ilícito de mariguana y amapola se talan de manera ilegal hectáreas completas en la región de la Sierra Madre Occidental, en el noroeste mexicano.
Pero no sólo para la plantación se mutilan los bosques, también lo hacen para la venta ilegal de la madera, ya sea para el mercado nacional o para su exportación al mercado asiático en un intercambio por precursores del fentanilo, de acuerdo con la investigadora Vanda Felbab-Brown, especializada en política exterior del Brookings Institution.
“Dado que los grupos criminales mexicanos a menudo controlan extensos territorios en México que se convierten en áreas de exclusión para los funcionarios del Gobierno y los defensores ambientales, la visibilidad del alcance de la caza furtiva, la tala ilegal y el tráfico de vida silvestre en México es limitada”, explicó la investigadora.
Principalmente, la académica señaló al Cártel de Sinaloa y al CJNG de ser quienes están detrás de estas actividades ilegales. El primero controla la pesca, el tráfico de especies de animales y plantas, el robo y la reventa de gasolina, la venta de madera, entre otras.
El Cártel de Sinaloa y el CJNG se dedican a mutilar los bosques para la venta ilegal de madera, ya sea para el mercado nacional o para su exportación al mercado asiático en un intercambio por precursores del fentanilo
- Vanda Felbab-Brown. Investigadora de Brookings Institution
El cártel Jalisco también participa en estas actividades, pero en las zonas donde tiene mayor control criminal; así como también participan el Cártel del Golfo en Tamaulipas y La Familia Michoacana en la zona de Tierra Caliente, entre Michoacán, Morelos y el Estado de México.
Territorios que a la vez se han visto azotados por la violencia que generan las actividades delictivas de las células criminales al servicio de los grandes cárteles de la droga mexicanos, generando que sean menos los actores sociales que denuncien o se interpongan al ecocidio que generan.
El académico del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt) y del Colegio de la Frontera Norte (Colef), José Andrés Sumano Rodríguez detalló que el grupo criminal de los Zetas, fue el primero en interesarse en la explotación ilegal del medio ambiente, mediante el uso de la violencia, desde Nuevo Laredo hasta Guatemala; sin embargo, a partir de 2012 el grupo criminal se fue desarticulando ahora prácticamente opera como célula al margen del cártel predominante: CJNG o el Cártel del Noreste.
“Poco puede hacer la Profepa (Procuraduría Federal de Protección al Ambiente) contra un grupo criminal que está haciendo tala ilegal en un bosque. Uno de sus primeros negocios en los que se han metido es la tala ilegal tanto por la madera, como también para utilizar el espacio para el cultivo, no precisamente de marihuana o amapola, sino también para aguacate y limón, para su exportación a Estados Unidos y China”, detalló.
El investigador también abordó el tema de la minería ilegal que se lleva a cabo en entidades como Sonora, Coahuila, Guerrero y Michoacán, detallando que en Sonora extraen oro, en Coahuila, carbón y en Guerrero, plata, principalmente; más la explotación del aguacate, limón y el uso de la tierra para plantar también amapola y mariguana.
Sonora y Coahuila tienen una amplia presencia de los cárteles de Sinaloa, como la agrupación que dirige Ismael “el Mayo” Zambada; el Cártel de Caborca, que controlaba Rafael Caro Quintero, ex líder del Cártel de Guadalajara en 1980; y “Los Chapitos”, integrado por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, principalmente.
El Cartel de Sinaloa además controla la pesca, el tráfico de especies de animales y plantas, así como el robo y la reventa de gasolina
En Guerrero, Michoacán, Jalisco, Estado de México y Morelos, quienes explotan la tierra para sus negocios ilegales son el CJNG, quien se ha caracterizado por la venta de aguacate y limón; así como la Familia Michoacana y los grupos criminales locales de “Tierra Caliente” como los Tlacos, Los Rojos y Los Ardillos, entre otros, a la tala ilegal.
Mientras que en la explotación minera, en el caso de Coahuila, hay una mayor presencia del Cartel del Noreste, de acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, obtenidos a través de la filtración de correos electrónicos del Ejército expuestos por el grupo de hackers “Guacamaya leaks”.
“Los negocios más rentables que a ellos les interese como el tema del aguacate o drogas etcétera o el limón o algo así, otro, es el tema de la minería. Esto se ha dado mucho por ejemplo en Coahuila, se está dando mucho también en Sonora, Guerrero y en Michoacán, también. La minería efectivamente es la que genera mayores problemas en cuanto a contaminación y es altamente rentable ahora”, señaló Andrés Sumano.
Sin embargo, el investigador explicó que para hacer minería ilegal se requieren conocimientos, cierta experiencia, maquinaria especial y una mayor inversión, por lo que no cualquiera puede participar en esta actividad. Debido a esto, la mayoría de los grupos criminales se dedican a la tala ilegal, porque es más sencilla, aunque su impacto ambiental no es menor.
“Uno de sus primeros negocios en los que se han metido es la tala ilegal, por la madera, pero también la tala ilegal para el cultivo. Eso se dio mucho en Michoacán, donde los grupos criminales pagaban, o si no obligaban a los pobladores para que hubiera tala, porque lo que querían era quitar del bosque la vegetación natural, ya que necesitan plantar árbol de aguacate o limón”, explicó el investigador del Colegio de la Frontera Norte.
Agregó que lo mismo sucede con la pesca ilegal de especies como la Totoaba y la Vaquita Marina, que en el mercado asiático tiene alto valor económico, tanto que en Baja California, Sonora y Sinaloa, los criminales fomentan esta pesca ilegal para intercambiar por precursores de fentanilo, de acuerdo con la agencia antidrogas de estados unidos, la DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés).
En Edomex, los talamontes tienen su propia organización
El presidente del Ayuntamiento Indígena Tlahuica de San Juan Atzingo, Ocuilan, Estado de México, Eduardo González Gómez, contó que los talamontes son de su comunidad, que difícilmente los relacionan con un cártel de la droga, pero que sí tienen contratadas a personas armadas y tienen un sistema de “halconeo”, y que incluso han traído a personas de Michoacán a trabajar con ellos.
“Son grupos de gente de ahí mismo, de las comunidades, y ya han traído incluso a gente de Michoacán para que trabaje ahí. Afortunadamente, hasta ahorita son solamente ellos los que hacen eso y están organizados por sí mismos; hasta donde sabemos, no tienen todavía relación con la Familia Michoacana”, comentó.
González explica que al haber menos árboles con la tala ilegal y descontrolada, “que son los que nos dan sombra, que nos dan oxígeno” no hay nada que amortigüe los efectos del calentamiento global, lo que genera islas de calor, sequías y falta de agua.
“La destrucción de nuestros bosques, de nuestras selvas, de la cubierta vegetal del planeta, es un problema muy grave. Lo estamos viendo cada vez más, ahorita con las olas de calor. Dicen que ‘el calor que nos sobra son los árboles que nos faltan’ y yo diría que el agua también son los árboles que nos faltan, porque nos han derribado los bosques, mismos que juegan un papel fundamental en el ciclo hidrológico”, declaró.
El funcionario explica la importancia de los árboles para atraer las nubes de lluvia y así generar el ciclo de la lluvia con la que se recargan los mantos acuíferos de los que con pozos se extrae el agua para la población, así como la formación de manantiales que desembocan en las presas, subrayando el impacto que genera la deforestación tanto por criminales, incendios y nuevos desarrollos inmobiliarios.
“El bosque además es un lugar donde viven muchísimas especies de plantas y animales, mucha riqueza biológica, como el que se encuentra en Ciudad de México, Toluca y Cuernavaca, denominado bosque de agua, se ha determinado que en esa parte se alberga al 2 por ciento de la biodiversidad mundial, que equivale al 10 por ciento de la biodiversidad nacional y uno de los principales proveedores de agua para el centro del país”, señala.
La violencia también alcanzó a este sector que protege las áreas naturales en este sexenio, de 2018 a 2023 han agredido a 581 defensores ambientales en todo el país, de los cuales 123 fueron asesinados, de acuerdo con el informe 2023 sobre la “Situación de las Personas y Comunidades Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales en México” desarrollado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).
En 2023 fueron asesinadas 20 personas defensoras del medio ambiente, una de las cifras más altas registradas en los últimos años, aunque en 2022 fueron 24; en 2021 se registraron 25; en 2020 fueron 18; en 2019, 15 asesinados; y en 2018 se registraron 21 homicidios. De acuerdo con el Cemda, las entidades más peligrosas para ser activista medioambiental son: Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Jalisco y Oaxaca.