Históricamente, la conservación y el fomento han jugado papeles antagónicos en la protección y aprovechamiento de nuestros mares; esto a pesar de ser sectores complementarios, más que opuestos. Llegó el momento de hacerlos compatibles con el fin de desarrollar e implementar un plan de acción conjunto a largo plazo que garantice ecosistemas marinos llenos de vida. Es nuestra última oportunidad.
De acuerdo con la FAO, más de 34% de las pesquerías a nivel mundial se encuentran sobreexplotadas; por si fuera poco, la revista Nature difundió que hasta 71% del número de tiburones se ha desplomado en el último medio siglo, y México no es la excepción. ¿Cómo podemos hacer frente a este panorama? ¿Qué debemos hacer para detener y revertir el declive de los océanos? Aunque la respuesta es amplia y compleja, una de las principales claves está en el trabajo en equipo.
Es necesario describir la situación. Los mares de nuestro país tienen diferentes usuarios, además, desde luego, de la sociedad en general.
El primero de éstos es la pesca industrial, dedicada a capturar especies como atún, sardina, camarón o tiburón (son las principales); luego, están los pescadores ribereños (cabrilla, huachinango, pargo, lenguado, jurel, sierra, mero, cochito, almeja, abulón, langosta, entre otros) quienes habitan en regiones costeras y para pescar no van más allá de las 35 millas náuticas (64 kilómetros); les siguen los pescadores deportivos de captura y liberación (dorado, marlín, vela y gallo); por último, encontramos a los operadores de turismo enfocados en apreciar de manera no extractiva especies altamente migratorias como ballenas, tiburones, mantas y cardúmenes de sardinas con diferentes especies como tiburones, atunes, marlins, etcétera.
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En este contexto, vemos claramente que las empresas de la industria pesquera de gran escala cada vez son más ricas, en tanto que los pescadores ribereños o artesanales no han salido de la pobreza y, por si fuera poco, cada vez hay menos peces que puedan capturar.
A esta marcada desigualdad, debemos añadir la falta de coordinación que ha prevalecido entre las autoridades. Por un lado, están las instituciones encargadas de conservar la biodiversidad (especies marinas), en este caso la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp); por el otro, aquellas que fomentan el uso y aprovechamiento de los recursos naturales, como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) por medio de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) y el Instituto Nacional de Pesca (Inapesca).
A lo largo de la historia, cada uno de estos actores ha promovido sus respectivas agendas hacia los extremos opuestos, creando una enorme brecha al centro que es necesario —y urgente— cerrar, definiendo cuál es el mejor uso que puede darse a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de nuestro país, que va de la costa a 200 millas y comprende 315 millones de hectáreas, siendo México 1.5 veces más grande en el mar que en la superficie terrestre.
A nivel internacional cada vez toma mayor fuerza una corriente bien organizada que tiene como meta clara proteger al menos 30% de la superficie marina total de la Tierra para el año 2030, abarcando además de las ZEE las aguas internacionales o altamar (iniciativas: CBD 30x30, ONU y High Ambition Coalition).
México, sin duda, juega un papel importante ya que a través de la creación de nuevas y extensas Áreas Marinas Protegidas (AMP) con Zonas de Exclusión de Pesca Industrial (ZEPI) podremos contribuir como país a lograr el objetivo. Esta figura promueve la recuperación de las especies marinas, al tiempo que beneficia directamente a los usuarios de los mares de México.
Los efectos positivos de las AMP, en especial de las que tienen la categoría de Reserva de la Biosfera (RB), van más allá de temas ambientales, debido a que también promueven el uso sustentable de la vida marina esto porque gracias a dicho esquema la industria pesquera podrá accionar en la periferia del área natural protegida, dándole la primera oportunidad de pesca a los ribereños, sin perder un kilo de su captura total como lo prueba el Parque Nacional Revillagigedo.
Las RB son instrumentos muy completos para implementar un modelo de desarrollo sostenible de los mares que México requiere. En este modelo es indispensable la participación equitativa de las autoridades ambientales y las de fomento pesquero, así como de la Secretaría de Marina y de Turismo.
Es importante que las dos autoridades con la atribución más directa para administrar y operar los mares de México —Semarnat y Sader— encuentren en sus distintos instrumentos de política ambiental y pesquera el punto medio para desarrollar una estrategia conjunta que pueda dotar de sustentabilidad a nuestros mares.
Hoy, la Semarnat tiene la facultad para operar y administrar las AMP pero éstas pueden ofrecer espacios para la participación de más dependencias. Por ejemplo, es importante que las AMP que nazcan en el futuro exista un esquema de coadministración en donde puedan intervenir otras dependencias con las facultades que le confiere la ley, incluidos los gobiernos estatales a través de un acuerdo de coordinación que incluya a todos los usuarios ya que son ellos los que están más directamente involucrados con los usuarios.
Además, existen los Consejos Asesores de cada AMP en donde pueden hacer planeación conjunta y es mandatorio que en la elaboración de los Programas de Manejo también participen dichas instituciones locales y otros actores clave como los pescadores ribereños, deportivos y prestadores de servicios de turismo, obviamente haciéndose acompañar del conocimiento científico adecuado para tomar las decisiones correctas.
Lograr que las autoridades estén en sintonía es apenas la mitad del esfuerzo. También se requiere la participación del Congreso de la Unión, a través de las Cámaras de Senadores y Diputados, y los gobiernos estatales. También de ellos depende la estrategia porque son los encargados de la asignación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), recursos que podrían ser otorgados a proyectos productivos de acuacultura de ostión, langosta, almeja, callo de hacha, etcétera a través de las comunidades ribereñas que ya no tienen posibilidad de recibir un permiso de pesca en México.
En este orden de ideas, los turistas podrían aportar, como se hace en todos los países, un monto que en volumen es de gran ayuda para la conservación de los mares. Como vemos, es una tarea de todos.
A manera de romper un paradigma, crear una AMP es el primer paso que puede dar nuestro país para ofrecer una solución definitiva al embargo del camarón impuesto por Estados Unidos a los pescadores ribereños y a México en general.
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