La lucha contra el cambio climático es ya una emergencia planetaria, no un tema del futuro remoto. La evidencia científica, según el más reciente informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que reúne a cientos de científicos alrededor del mundo, es contundente: la actividad humana es la causa del cambio climático, la afectación al sistema climático es una realidad con un aumento de la temperatura de poco más de 10 C con respecto al comienzo de la era industrial a finales del siglo XIX, y las afectaciones del cambio climático se sentirán en todas las regiones del planeta.
El reporte sin embargo también ofrece una nota optimista, indicando que aún tenemos una ventana de oportunidad para evitar que la temperatura ascienda a más de 1.50 C, si hoy comenzamos a reducir las emisiones generadas por los combustibles fósiles y logramos hacerlo en 50% antes del 2030.
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Ya los impactos del cambio climático, como los incendios, inundaciones y huracanes que son cada vez más intensos, están conduciendo a un consenso generalizado sobre la necesidad de combatir el calentamiento global. Hoy, más de 125 países alrededor del mundo, que representan dos terceras partes del Producto Interno Bruto global, han anunciado metas de emisiones netas cero para el 2050.
Dichas metas empiezan a traducirse en legislación, políticas y regulaciones. Los países de la Unión Europea discuten internamente la propuesta de adoptar un impuesto fronterizo a los productos con un alto contenido de carbono.
Esto para evitar competencia desleal contra las empresas europeas que deben enfrentar regulaciones cada vez más estrictas para reducir las emisiones de carbono y proteger el precio al carbón del mercado de emisiones europeo. Estados Unidos y Canadá han conversado sobre la conveniencia de adoptar un impuesto transfronterizo similar al europeo. Y el presidente Joe Biden ha hecho de la lucha climática uno de los temas torales de su gobierno.
En este mismo sentido también apuntan acciones tomadas en los mercados financieros. Ahí ya se considera al cambio climático como un riesgo que afecta directamente las inversiones, sobre todo aquellas altamente dependientes del petróleo o en industrias, como la agropecuaria, que están siendo afectadas por los impactos climáticos.
Por ejemplo, recientemente, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una guía para que los bancos multilaterales de desarrollo, incluidos el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, no financien proyectos de energía fósil. Esta guía es apenas un primer paso en la implementación de un Plan de Finanzas Climáticas del Tesoro que busca poner fin a las inversiones internacionales que apoyen proyectos de energía fósil con alto contenido de carbono. Cabe mencionar que esta guía incluye a las cadenas de suministro de dichos proyectos.
La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que regula los mercados de valores en ese país, propondrá a finales de este año reglas vinculantes para que las empresas reporten cómo enfrentan el riesgo de cambio climático, incluyendo el impacto financiero y las emisiones de gases efecto invernadero.
La Comisión también exigirá que las empresas y fondos de inversión sean transparentes y “verdaderos” respecto de sus anuncios de publicidad, cuando dicen ser verdes o sostenibles. Esto quiere decir que tendrán que presentar la información que lo demuestre.
Siendo México un país integrado a los mercados globales, ya que el 45% de su Producto Interno Bruto depende del comercio exterior, no puede aislarse de estas tendencias mundiales. Si bien hoy las finanzas gubernamentales no dependen tanto del petróleo como hace algunas décadas, siguen siendo una fuente importante de divisas e ingresos, sobre todo para financiar programas sociales.
Los acelerados cambios globales representan pues un riesgo que puede verse traducido en la reducción del financiamiento internacional y en recursos estratégicos varados.
Pero el contexto de transición energética ofrece también enormes oportunidades para movilizar el financiamiento climático al desarrollo de nuevos negocios, desde las energías limpias, incluyendo en los propios sectores de gas y petróleo, hasta la agricultura climática sostenible y las soluciones basadas en la naturaleza, que tienen enormes co-beneficios como la seguridad hídrica y alimentaria.
De hecho, un estudio del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, ha calculado en 14 mil millones de dólares el beneficio neto del cumplimiento de México con sus compromisos en el Acuerdo de París. Esto es, el beneficio una vez calculado el costo de emprender acciones que permitan la transición.
En cambio, de no emprender dicha transición, al país podría costarle alrededor de 143 mil millones de dólares. Ojalá el Congreso mexicano visualice estas oportunidades e introduzca la legislación necesaria para financiar esta obligada transición en beneficio sobre todo de los mexicanos más vulnerables al cambio climático.
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