México enfrenta grandes retos en materia de disponibilidad y acceso al agua. 8 de las 13 regiones hidrológicas del país sufren de estrés hídrico (siendo la región del Valle de México la que padece en mayor grado este fenómeno); dos terceras partes de la población habita en regiones donde hay menos agua, y de los 653 acuíferos, 157 presentan una situación de sobreexplotación.

Estos datos se reflejan de manera más puntual en múltiples carencias para la población: 14 entidades federativas tienen rezagos importantes en cuanto al acceso diario a servicios de agua y saneamiento; aproximadamente 10 millones de personas no tienen acceso a agua, y muchos de los que tienen este servicio, desconocen su calidad o no lo reciben de manera continua; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) estima que sólo el 53.6% de la población tiene acceso diario al agua en su vivienda, mientras que el Inegi estima que por la falta de acceso al agua, 1 de cada 3 personas deben acarrearla a sus hogares, principalmente mujeres y niños.

➡️Importancia de asignar mayores recursos del presupuesto federal para enfrentar el cambio climático

Por otro lado, el cambio climático y sus grandes efectos sobre los recursos hídricos agravan aún más el problema. Recientemente se publicó el sexto informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC), el cual deja ver con toda claridad el impacto y afectación que este fenómeno tiene en el ciclo hidrológico, lo cual conlleva una mayor intensidad de precipitaciones, inundaciones y sequías.

Este análisis prevé, que de incrementarse la temperatura a un calentamiento de 1,5 °C aumentarán las olas de calor, se alargarán las estaciones cálidas y se acortarán las estaciones frías. Por otro lado, de alcanzar un calentamiento de 2 °C los episodios de calor extremo alcanzarían con mayor frecuencia umbrales de tolerancia críticos para la agricultura y la salud, mientras que las zonas costeras experimentarán un aumento continuo del nivel del mar, lo que contribuiría a que las inundaciones costeras sean más frecuentes y graves en zonas bajas.

En el caso de las ciudades, algunos aspectos del cambio climático pueden verse amplificados, en particular el calor (ya que las zonas urbanas suelen ser más cálidas que sus alrededores) y las inundaciones debidas a episodios de precipitaciones intensas en períodos más cortos. Todo lo anterior implica graves afectaciones a los patrimonios públicos y privados, daños a la infraestructura y, en el peor de los casos, pérdidas de vida de las personas.

En México, la Comisión Nacional del Agua estima que, para 2050, el clima en el país será entre 2 y 4 grados más cálido, y entre 2060 y 2090 se predice una reducción en la precipitación entre 10-28%.

Estos efectos se han manifestado de manera patente en el país desde inicios de este año, primeramente a través de una fuerte sequía que provocó una afectación en la disponibilidad de agua en sus distintas regiones, como fue el caso de localidades del norte y en el Valle de México y, en una segunda instancia, por medio de fuertes lluvias e inundaciones que han dejado grandes afectaciones en entidades como el Estado de México e Hidalgo. Todo ello en el mismo año.

Por otro lado, vivimos un fenómeno acelerado de afectación a los ecosistemas y áreas naturales, que tienen un valor incalculable ya que son ellos, como las principales fuentes de agua, quienes garantizan la disponibilidad de este preciado recurso a largo plazo para los distintos usos, pero que se encuentran seriamente amenazados por la deforestación, la tala inmoderada, las invasiones ilegales, la erosión y los procesos de urbanización acelerada.

En México anualmente se pierden hasta 128 mil hectáreas de cobertura forestal; se estima que en los últimos 13 años se han perdido 9 mil hectáreas de bosques y áreas naturales que alimentan agua al Valle de México, mientras que en la Ciudad de México, se calcula que se pierden cada año entre 150 y 200 hectáreas de suelo de conservación, comprometiendo con ello la seguridad hídrica.

En adición, está clara la valoración de la importancia del agua para la salud de las personas, especialmente alrededor de una pandemia que requiere que las personas puedan lavarse las manos y acceder al agua para su consumo de manera segura, en la cantidad y calidad necesarias en sus domicilios, centros de trabajo y escuelas.

Sin duda, los niveles de desigualdad, desarrollo e inequidad social de nuestro país y sus regiones, se agudizan por la falta de acceso y disponibilidad de agua en calidad y cantidad suficientes.

Ante este complejo escenario ¿qué podemos hacer?, es necesario impulsar nuevos modelos de gestión, políticas públicas y leyes que atiendan la problemática de manera integral, con una visión de largo plazo, un sentido incluyente y de equidad, e incorporando la dimensión del riesgo e incertidumbre climática, así como la protección y cuidado de los ecosistemas, incluyendo la utilización de soluciones basadas en la naturaleza para favorecer un mejor manejo del agua.

Especial atención merece en estos momentos el componente presupuestal, dado que recientemente se presentó por parte del Ejecutivo Federal a la Cámara de Diputados la propuesta de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio 2022. Si bien esta propuesta plantea un aumento del 36% respecto al 2020 en términos nominales (del orden de 33,916 mdp).

Si bien es un avance, este presupuesto es aún lejano a las necesidades de inversión en infraestructura que las distintas regiones y comunidades necesitan para ampliar su cobertura y servicios, dado que no se trata solamente de la construcción de nueva infraestructura, sino también del mantenimiento de la existente, mucha de la cual tiene ya severas deficiencias en su atención para su debida operación. Asimismo, se deberán contemplar recursos significativos para atención de emergencias derivadas de fenómenos climáticos como los que hemos vivido este año.

La magnitud del reto que nos enfrentamos es por demás grande. Si queremos lograr la seguridad hídrica que requieren el país y sus habitantes, se deben tomar decisiones de fondo, de manera corresponsable entre los distintos actores y sectores, con una perspectiva de largo plazo. No debemos olvidar que el desafío del agua es un problema del presente y que estamos aún a tiempo de atenderlo.