Las primeras comunidades que alzaron la voz ante el anuncio del megaproyecto que denominaron “Mal Llamado Tren Maya” fueron las zapatistas. A las afectaciones diferenciadas que acarrea dedicamos muchos momentos de asamblea y organización durante el Encuentro de Mujeres que Luchan, en el que nos recibieron las compañeras zapatistas en diciembre del 2019 en las montañas autónomas de Chiapas, donde el pueblo manda y el gobierno obedece.
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A más de tres años y una pandemia de ese último encuentro, podemos contar más de cincuenta amparos judiciales y una avalancha de personas organizándose para defender el agua, la selva, el arrecife, el manglar y la cultura del territorio maya.
Existen datos que alarman, como la fragilidad del suelo kárstico y el hecho de que el 40 por ciento de los jaguares del país y la reserva de agua más importante se encuentran en la Península de Yucatán.
Gracias al crecimiento de la agroindustria y el desarrollo inmobiliario, esta región pasó de ser una de las mejor conservadas a tener el índice de deforestación más acelerado de México.
En estos años se han llevado a cabo —desde la academia y desde la sociedad civil organizada— decenas de foros, conversatorios, mesas de análisis, encuentros y seminarios; en ninguno de ellos se han presentado lecturas favorables para las comunidades como presumen los defensores del megaproyecto.
Lo que sí sabemos es que han rellenado cuevas y cenotes, que ha habido accidentes fatales debido al desconocimiento de la zona, que obreros de prácticamente todos los tramos reclaman pagos justos y seguridad, que más de cien trabajadores de dependencias relacionadas con el proyecto renunciaron en 2022 y que el hostigamiento a la defensa territorial va en aumento.
La manera en que se ha presentado el proyecto a las comunidades rurales y urbanas ha sido, por decir lo menos, bastante deshonesta. Su esencia tiene que ver más con un proceso de despojo y modernización forzada que con hacer “justicia para el sureste”. Algo parecido se vive en el Istmo de Tehuantepec con la imposición del Corredor Interoceánico.
Y es que el problema con los megaproyectos es que rompen con los principios básicos del buen vivir. Por esta razón, el Congreso Nacional Indígena —a través de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo, la Red de Resistencias Sur Sureste en Defensa de la Vida y el Territorio y tantas más— vuelve a hacer un llamado a la organización colectiva frente al Corredor Interoceánico y el Tren “Maya”, dos trenes hermanos que se dan sentido entre sí y cuya principal finalidad es favorecer la militarización y el transporte de mercancías.
Las luchas de Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo se encuentran en la Caravana El Sur Resiste, del 25 de abril al 5 de mayo. El cierre es prometedor: un encuentro internacional zapatista el 6 y 7 de mayo en San Cristóbal de las Casas.
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Los trenes son el acelerador de los problemas que ya nos acechan. Oponerse a ellos no es estar del lado de “los conservadores”, sino del lado de la justicia. Si la clase política y sus seguidores sostienen el va porque va, desde las resistencias por el buen vivir se escucha fuerte: la lucha va porque va. Y esta vez los pueblos no están solos. Estamos a tiempo de detener la catástrofe impuesta.
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