Mientras subía por la costa de Liberia, un enorme carguero pareció no darse cuenta cuando pasó por encima del pequeño barco pesquero de madera que se encontraba en su camino, partiéndolo por la mitad y haciendo que los pescadores locales saltaran por la borda para salvar sus vidas.

Estos incidentes de choque y fuga en el mar son comunes, especialmente a lo largo de la costa de África occidental, donde los barcos extranjeros habitualmente invaden las aguas costeras, arriesgando las redes y los medios de vida de los lugareños.

Lo que empeora estos casos es la incapacidad o la falta de voluntad de los gobiernos locales para detenerlos. Una de las principales razones de esta impunidad radica en el uso inteligente en el mundo marítimo de empresas fantasmas y empresas conjuntas para ocultar la propiedad, las ganancias y la responsabilidad.

La corrupción a nivel mundial se ve facilitada por el anonimato corporativo, como las cuentas bancarias que eluden los impuestos para ocultar ingresos en el extranjero, pero pocas industrias albergan mayores niveles de malversación a través de estructuras corporativas laberínticas que la pesca internacional.

En parte, esto se debe a que la ley marítima complica la aplicación y protege la privacidad de los beneficiarios reales de un barco, mientras que las naciones en desarrollo se han convertido en refugios para intrincadas empresas fantasmas y acuerdos de empresas conjuntas cuyo objetivo principal es aislar a los malhechores de las miradas indiscretas de las fuerzas del orden, los abogados ambientales, periodistas o inspectores de trabajo mientras los protege de multas y procesos penales.

Una nueva serie de informes ha comenzado a perforar el velo corporativo distintivo de la industria pesquera internacional, destacando de manera cruda cómo los negocios y las protecciones legales de las compañías pesqueras están vinculados, no sólo a la sobrepesca y la esclavitud en el mar; también al fraude, el soborno, la evasión de impuestos, tráfico de armas y vertimiento de petróleo.

“Las complejas estructuras de las compañías proveen la fachada perfecta para los individuos que quieren pescar de forma ilegal para esconderse a sí mismos y sus ganancias”, dijo Duncan Copeland, director ejecutivo de Trygg Mat Tracking (TMT), una organización sin fines de lucro especializada en la investigación de pesca ilegal y crímenes marítimos, así como co-autor del reciente reporte.

Publicado en diciembre de 2020, el informe destaca los profundos efectos de la delincuencia internacional de cuello blanco en los países en desarrollo, y el papel del anonimato corporativo y las empresas fantasma para socavar la capacidad de funcionamiento de los gobiernos locales con problemas financieros y, a menudo, democráticamente precarios, sin mencionar las implicaciones para la seguridad alimentaria, la estabilidad política interna, el crecimiento económico y la responsabilidad legal.

Para las economías en desarrollo, la consecuencia más amplia del secreto corporativo y las empresas falsas en la industria pesquera, es el rápido agotamiento de sus poblaciones de pesca, lo que es especialmente peligroso para las regiones que dependen del pescado como su principal fuente dietética de proteínas.

Economistas pesqueros estiman que la pesca ilegal que ocurre en la impunidad provocó la pérdida de más de 300 mil empleos en el sector de pesca artesanal en África occidental y aproximadamente dos mil 300 millones de dólares de ingresos entre 2010 y 2016.

La demanda de productos del mar baratos y fácilmente accesibles en los países asiáticos, americanos y europeos sigue alimentando este tipo de corrupción y criminalidad lejanas, dejando a los compradores sin saber las consecuencias negativas de la aparición del pescado en sus platos.

“Vemos una y otra vez a operadores ilegales buscando banderas de conveniencia y usando complejas estructuras empresariales para esconder la propiedad y el riesgo financiero”, dijo Per Erik Bergh, secretario de Detengan la Pesca Ilegal, una organización sin fines de lucro independiente basada en África, y que trabaja en combatir los impactos devastadores de la pesca ilegal.

En un esfuerzo para asegurar que una porción del dinero que se genere en las nuevas industrias se quede en sus localidades, algunos países en desarrollo exigen que los inversionistas extranjeros se hagan socios de residentes nacionales.

Sin embargo, el informe revela que esta estrategia de desarrollo se usa a menudo de manera corrupta para proteger a los inversionistas extranjeros de la responsabilidad local, mientras que la nación en desarrollo también obtiene un beneficio financiero limitado o nulo de las asociaciones. Además, estas empresas conjuntas fomentan el soborno y el fraude que se utilizan para ganar influencia entre los operadores locales.

Esto se produce inmediatamente después de un escándalo de 2019, conocido como Fishrot Files, que expuso acusaciones de corrupción y soborno en los tratos entre una de las compañías pesqueras más grandes de Islandia y una serie de funcionarios gubernamentales a más de seis mil millas de distancia en Namibia. Un exempleado del gigante pesquero islandés Samherji publicó una gran cantidad de archivos que contienen 30 mil documentos, correos electrónicos, presentaciones e imágenes incriminatorias a través de Wikileaks. Sus acusaciones apuntaron a Samherji por soborno por una suma de millones de dólares para asegurar las lucrativas cuotas de pesca necesarias para operar en las ricas aguas del país.

Samherji no estaba solo en tales esfuerzos. Las aguas de África occidental son surcadas por una gran flota extranjera. Esto incluye una afluencia de embarcaciones chinas, denunciadas por pescadores artesanales locales en Ghana, Senegal y Liberia, quienes ven su presencia como una aceleración del preocupante declive de las pesquerías de la región.

Los propietarios de los barcos explotan las estructuras de las empresas fantasma como un medio de eludir los requisitos de propiedad nacional para obtener acceso a las licencias de pesca mediante acuerdos de empresas conjuntas. Sus prácticas son criticadas de forma rutinaria, con un historial de incumplimiento de las regulaciones de los estados costeros y un esfuerzo sistemático para informar menos de la cantidad de pescado que realmente capturaron, evitando así multas y tarifas, según un informe de 2015 de Greenpeace.

El informe de TMT también detalla el caso del Saly Reefer con bandera de las Comoras, abordado el 22 de marzo de 2017 por inspectores del Departamento de Vigilancia Pesquera de Guinea Bissau y Greenpeace. El Saly Reefer había sido sorprendido participando en el acto de transbordo, un proceso de transferencia de pescado de un barco a otro mientras estaba en el mar para evitar a los inspectores en tierra. Posteriormente, el barco y su tripulación fueron detenidos y escoltados hasta el puerto de Bissau.

El Saly Reefer operó como parte de una flota, junto con el Silver Ice y el Gabu Reefer, ambos implicados en una serie de actividades sospechosas. En 2014, ambos se enfrentaron a las autoridades liberianas, después de que las investigaciones concluyeron que habían estado pescando sin licencia. El Gabu Reefer fue multado con sólo dos mil dólares, y el Silver Ice luego fue identificado como "de alto riesgo" por un comité regional de pesca después de que el gobierno de Comoras planteara preocupaciones.

El Gabu Reefer fue identificado más tarde como el barco con bandera de las Comoras que atropelló a los pescadores locales en las horas del amanecer de una mañana de junio de 2018, pero a pesar de los esfuerzos de las autoridades costeras y policiales liberianas enfrentaron multas mínimas y ninguna sanción para los verdaderos propietarios del buque culpable.

Los investigadores pudieron establecer que las tres embarcaciones estaban registradas a nombre de una misteriosa corporación domiciliada en Panamá, una conexión que levantó banderas rojas, dada la reputación del país como paraíso fiscal y de lavado de dinero a través de su facilitación de empresas fantasmas.

Las empresas pantalla se configuran como sociedades anónimas con el único propósito de gestionar diversas transacciones financieras para otra entidad. Estas corporaciones existen sólo en papel, sin activos, empleados u operaciones comerciales a su nombre.

Su uso y estructuras son particularmente susceptibles a la explotación por parte de los operadores de pesca ilegal que buscan ocultar la identidad de los verdaderos propietarios de un buque o de las empresas, así como de quienes supervisan sus operaciones.

En la guerra contra la pesca ilegal, la primera batalla debe tener lugar en tierra para abordar las redes oscuras que continúan explotando las vulnerabilidades de las estructuras y prácticas corporativas multinacionales complicadas que sirven para ocultar el verdadero beneficiario real de un barco. Infligen pérdidas asombrosas en la industria pesquera mundial, estimadas entre 10 mil y 36.4 mil millones anuales, y están cada vez más vinculadas a una variedad de delitos que van más allá de los que se cometen en el mar.

“Rastrear a quienes están detrás de estos crímenes requiere la cooperación entre agencias nacionales”, dijo Alistair McDonnell, exoficial de inteligencia criminal de Interpol, y agregó que los países en desarrollo necesitan fortalecer sus leyes para perforar el secreto corporativo.

*Joseph Sullivan y Charlotte Norsworthy son escritores de The Outlaw Ocean Project, una organización de periodismo sin fines de lucro con sede en Washington D.C. que se enfoca en informar sobre crímenes ambientales y de derechos humanos en el mar.

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