Este dos de junio se celebra el Día Internacional del Trabajo Sexual. La necesidad de reconocer al servicio sexual como un trabajo está sustentada en un movimiento que inició hace más de 45 años.
En 1975, un grupo de trabajadoras sexuales francesas realizaron una huelga de una semana para denunciar la vida de criminalización y explotación a la que estaban sometidas. Exigían el fin del acoso policial, la reapertura de los hoteles donde trabajaban y la investigación de los feminicidios de sus compañeras.
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Aunque las huelguistas no consiguieron sus demandas, su movimiento fue la inspiración de tantos otros que surgieron en Europa para defender los derechos de las personas dedicadas al trabajo sexual.
Temas como el trabajo sexual (y la sexualidad misma) son complejos cuando se ven desde la óptica moral. La propuesta es cambiar de anteojos y ver a través de los cristales de los derechos humanos.
Con esa perspectiva, el principio básico es que todas las personas son merecedoras de estos derechos, sin importar su género, condición social, religión y mucho menos sin que importe a qué se dedique, incluido el servicio sexual.
Otro punto más. Revisar el tema desde la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos también permitiría que las personas con discapacidad que requieren de asistentes sexuales para poder ejercer una sexualidad plena, tengan la posibilidad de contratar ese tipo de servicios sin tabú ni estigma.
Ni putas ni criminales
Los defensores de que el trabajo sexual sea considerado como tal, un trabajo, argumentan que de no ser así, entonces se violentan derechos fundamentales de las personas que realizan este tipo de servicio, empezando por el derecho a la salud y el derecho a un trato digno.
Cuando los servicios sexuales se ejercen en la clandestinidad se genera una mayor vulnerabilidad para las personas que lo practican y, a pesar de los esfuerzos de los activistas pro derechos, los y las trabajadores sexuales aún enfrentan distintas barreras para acceder a la justicia.
Es por eso que, cada año, el 2 de junio, el Global Network of Sex Work Projects (NSWP) dedica esta fecha a reflexionar sobre el acceso a la justicia para las personas que se dedican al trabajo sexual.
“El trabajo sexual es trabajo. Esta simple pero poderosa frase enmarca a las personas que ejercen el trabajo sexual no como criminales ni víctimas, vectores de enfermedad o pecadores, sino como trabajadores”, se lee en la guía comunitaria “El trabajo sexual como trabajo” que esta organización distribuye en su página de internet.
NSWP es una red mundial de proyectos dirigidos por trabajadoras sexuales, con más de 280 miembros en 82 países, que que abogan por los derechos del sexo femenino, masculino y transgénero.
La organización también tienen designado el 3 de marzo para visibilizar los derechos de los trabajadores sexuales y el 17 de diciembre como el Día Internacional para poner fin a la violencia contra el trabajo sexual.
El trabajo sexual y el patriarcado
Despenalizar el trabajo sexual es uno de los procesos que posibilita el romper estigmas de género. Especialmente los que se refieren a invisibilizar el derecho al placer de las mujeres, pues incluso se nombra de manera despectiva, como putas, a las mujeres que ejercen plenamente su sexualidad.
Paloma Lugo Saucedo, investigadora del Centro de Derechos Civiles y Políticos (CEDEPOL) de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, explica que la referencia a vender el cuerpo o la sexualidad implica discusiones sobre moral, salud, libertad sexual, patriarcado, derechos humanos, derechos de las mujeres, discriminación y violencia.
“Es necesario entender que quienes sostienen que es un trabajo que ofrece ventajas económicas tienen razón, aunque no siempre, y quienes declaran que la prostitución es violencia contra las mujeres también tienen razón, pero no siempre”, explica en su artículo “El ¿trabajo? sexual”.
La prostitución es un problema social y no individual, pues la prostitución ha sido una respuesta para acceder a recursos económicos por parte de un sector vulnerable que incluye a mujeres cisgénero y a mujeres transgénero.
En México, una de las mujeres trans que ya ocupa una curul federal es precisamente quien propuso reformas a la Ley Federal del Trabajo para regular el trabajo sexual libre y autónomo.
En octubre de 2022, la diputada morenista María Clemente García anotó en su iniciativa que el trabajo sexual debe considerarse una actividad que se ejerce en la vía pública, en algún establecimiento mercantil o por medios digitales, de manera libre, voluntaria, autónoma, consentida y sin coerción, entre personas mayores de 18 años de edad.
“Las personas que nos dedicamos al trabajo sexual, estamos ejerciendo con nuestro cuerpo una fuerza laboral que tiene que tener derecho, una fuerza laboral que no puede ser considerada como un artículo comercial, sino como un trabajo”, comentó la diputada al presentar su iniciativa.
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que las personas que ejercen el trabajo sexual apoyan entre cinco y ocho personas con sus ingresos. En Tailandia, por citar un caso, la industria del sexo generó alrededor de 6.4 mil millones de dólares, en 2015, cifra que representó 10% del PIB de ese país.
*Delia Angélica Ortiz es periodista especializada en inclusión y diversidad.
