Para Estados Unidos, 2019 se convirtió en un año caótico ante el rebrote del sarampión, una enfermedad altamente contagiosa que se había declarado erradicada hace 20 años. Sin embargo, durante el año pasado año se registraron más de 700 casos y se extendió en más de 22 estados, teniendo a Nueva York como la alcaldía más afectada en el país.
El nuevo brote encendió las alarmas de las autoridades sanitarias de la ciudad al punto de hacer obligatoria la vacunación contra el sarampión, rubeola y paperas, poner en cuarentena a estudiantes universitarios y multas por más de mil dólares contra los padres que no tomaran acciones preventivas contra las enfermedades.
El epicentro de la crisis se desarrolló en Nueva York, en el condado de Brooklyn, una localidad que alberga a una de las comunidades más importantes de judíos en Estados Unidos. El grupo religioso vive aislado y rechazan cualquier intromisión externa en sus reglas, además de que fueron víctimas de una campaña de desinformación para que no se inmunizaran.
Los residentes del vecindario de Williamsburg, en el condado de Brooklyn, recibieron masivamente un correo con un manual que exhortaba a la práctica de manera segura, en el que se detallaban los peligros de las vacunaciones a través de informaciones falsas como el supuesto desarrollo de autismo en los menores o que contenían células de fetos humanos abortados, además de ADN de animales como monos, ratas y cerdos, lo que generó pánico en la comunidad.
Los judíos ortodoxos entraron en conflicto con el gobierno de Nueva York, el Departamento de Salud de la ciudad cerró siete escuelas judías por no cumplir con los requisitos estatales contra enfermedades infantiles, también trataron de prohibir que los niños no vacunados pudieran estar en lugares públicos cerrados, como escuelas, centros comerciales, restaurantes o templos religiosos, pero esta última medida fue bloqueada por un juez.
El brote de sarampión obligó al gobierno a declarar emergencia de salud pública ante la insistencia de negarse a recibir la vacuna tanto en adultos como en menores a decisión de sus padres. Como parte del conflicto, varios padres demandaron al Estado alegando que se violaba su libre ejercicio de la religión.
A nivel mundial se extendió una campaña de desinformación contra la aplicación de las vacunas, este movimiento tiene bases en un estudio publicado en 1998 que vinculaba la aplicación de la vacuna con problemas de autismo, una investigación que resultó fraudulenta y le costó la licencia médica a su autor, Andrew Wakefield, por un trabajo "irresponsable" y "deshonesto".
Sin embargo, la creencia perduró y se mantuvo en el inconsciente colectivo en varias familias en todo el mundo, principalmente en Estados Unidos y países de Occidente, pese a que diversos estudios reales han sido publicados desacreditando cualquier conexión entre el autismo y la vacuna.