PARÍS, Francia. (EFE).- La directora gerente del FondoMonetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, conocerá hoy ladecisión del tribunal especial que juzga su presunta“negligencia” cuando era ministra de Finanzas de Francia en laconcesión de una multimillonaria indemnización al empresarioBernard Tapie.

Aunque todo apunta a que será absuelta, porque la Fiscalía noha pedido que se le condene y no hay ninguna acusación particular,Lagarde está pendiente del veredicto de tres jueces profesionalesy de doce parlamentarios que componen la Corte de Justicia de laRepública, un tribunal para juzgar a los ministros por hechoscometidos durante sus mandatos.

En sus manos está la suerte de la directora del FMI, acusada deun delito de “negligencia” que en Francia puede ser penado conhasta un año de cárcel sin cumplimiento y 15 mil euros demulta.

Aunque también es posible que los magistrados decidan reconocersu culpabilidad y dispensarle de pena.

En cualquier caso, Lagarde se juega su futuro al frente del FMI,cuyo comité director, compuesto por 24 miembros, espera en EstadosUnidos (EU) para reunirse nada más conocer la sentencia.

La propia ex ministra tiene previsto viajar a ese país altérmino de la vista, que está programada a las 15.00 horas (14.00GMT).

A lo largo de los cinco días que ha durado el juicio, quecomenzó el pasado lunes, Lagarde ha tenido que escuchar variostestimonios que ponían en causa su actuación en el casoTapie.

La entonces ministra, asesorada por sus colaboradores, accedióen 2007 a que fuera un arbitraje privado compuesto por trespersonas el que decidiera la indemnización que debía pagarse alempresario por la venta de la firma deportiva Adidas por parte delbanco Crédit Lyonnais, entonces público, al que había sidoadjudicada tras su expropiación.

El que fuera director de la Agencia de Participaciones delEstado Bruno Bézard declaró que ya entonces sus serviciosadvirtieron que dejar esa decisión en manos de tres árbitrosprivados comportaba “riesgos colosales e injustificados”.

Lagarde, por su parte, se defendió asegurando que lo ordenóasí tras haber “analizado” los riesgos y valorado “lasventajas y los inconvenientes” de las diferentes solucionespropuestas.

La entonces ministra quiso acabar con un contencioso iniciado enlos años 90 y que estaba siendo muy costoso en minutas de abogadospara las arcas del Estado. Un año más tarde, los árbitrostomaron una decisión que costó al erario público algo más de400 millones de euros, incluidos 45 millones en concepto dereparación moral para Tapie.

Una decisión anulada posteriormente por la justicia ordinariadespués de que se conociera que uno de los árbitros teníarelación profesional con el abogado de Tapie.