México.- El Sistema Nacional Anticorrupción aprobado la semanapasada por el Congreso de la Unión debe modificarse para hacerloviable y útil en la construcción de una sociedad más justa,exigió la Confederación de Cámaras Industriales de los EstadosUnidos Mexicanos (Concamin), presidida por Manuel Herrera Vega.
En tanto, la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo enPequeño de la Ciudad de México (Canacope Servytur), presidida porAda Irma Cruz Davalillo, opinó que ese paquete de leyes esinsuficiente sino incluye la total publicidad de la declaración delos funcionarios públicos, parte indisociable de la cultura de lacorrupción, pues son ellos los que establecen desde la potestad desus oficinas y en total discrecionalidad, la redacción “amodo” de las convocatorias, “asignaciones directas” de loscontratos y la manipulación de los presupuestos para favorecer ocastigar a las empresas participantes.
De acuerdo con la Canacope, el Poder Legislativo dejó pasar laposibilidad de consolidar un Sistema Nacional Anticorrupción devanguardia, con un marco de vigilancia que redujera ostensiblementela opacidad en el manejo de los recursos públicos; "sin embargo,desoyeron el clamor social en un punto fundamental, el hacerpúblicas las declaraciones de los funcionarios, una demandabásica de la sociedad".
"Y no solo eso, reviraron la mira de la iniciativa colocando alas empresas –sobre las que ya existen mecanismos de vigilancia-,como objetivo del escrutinio, haciendo que sean sus administradoresy trabajadores los que presenten y hagan pública la declaraciónen los formatos 3de3. A todas luces, una absurdasobrerregulación", resaltó la agrupación que lidera EnriqueGuerrero Ambriz.
Por su lado, Herrera Vega dijo: "Apelamos a la sensibilidad delos legisladores y su compromiso con la representatividad de lasexigencias ciudadanas para realizar los ajustes pertinentes quederiven en un sistema fuerte y que combata de manera efectiva lacorrupción e impunidad”.
El presidente de la Concamin señaló que los industrialesestán en favor de la transparencia, el combate a la corrupcióntanto en el sector público como privado, y el fin de privilegios oaplicación discrecional de la ley, pero señalan enfáticamenteque no se deben obstaculizar las inversiones ni los apoyosdirigidos a las PyMEs (pequeñas y medianas empresas), que sonfundamentales para la generación de empleos y economía delpaís.
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