Redacción/ El Sol de México
Ciudad de México.- Vicente Fox y Felipe Calderón soncorresponsables del ecocidio cometido en los manglares de Tajamar,en Quintana Roo, como lo demuestran las autorizaciones y prórrogasconcedidas entre 2005 y 2011.
Informes en posesión de El Sol de México revelan losiguiente:
Fechas de autorización de impacto ambiental: 28 de julio de2005; fecha del permiso para de uso de suelo forestal: 7 de febrerode 2006.
Ambos permisos se concedieron en el Gobierno de Vicente Fox ycuando los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente yRecursos Naturales entre 2005 y 2006 fueron el exgobernador deJalisco, Alberto Cárdenas Jiménez, y el exdirector de Conagua,José Luis Luege Tamargo.
Después vinieron los de la ampliación de vigencia. En elprimero de los casos fue el 11 de febrero de 2009, con fecha devencimiento el 8 de febrero de 2016, y en el segundo, se firmó el23 de marzo de 2011 y con fecha de vencimiento el 8 de febrero de2016. Las ampliaciones se concedieron en el Gobierno de FelipeCalderón y con Juan Rafael Elvira Quesada como titular de laSemarnat.
La información revela que las prórrogas de los años 2009 y2011 se dieron después de las modificaciones a la Ley General deVida Silvestre, que prohibió la tala de manglares en todo elpaís.
“La urbanización y lotificación del Malecón Tajamar y queimpactaron ambientalmente el predio, ocurrieron de 2006 a 2012”,apunta la información.
Los expresidentes, ambos del Partido Acción Nacional (PAN)permitieron que sus secretarios del Medio Ambiente y de laProcuraduría Federal de Protección Ambiental autorizaran ladestrucción de los manglares aun y cuando la ley lo prohibía.
Calderón se “deslindó” de la destrucción de 70 hectáreasde zona reservada, aunque en su Gobierno ocurrieron lasampliaciones de vigencia del proyecto.
Violaciones fueron flagrantes: Cemda
Luego de que el director jurídico de Fonatur, Manuel MercadoBejar, justificara las acciones del Gobierno por las flagrantesviolaciones cometidas por Semarnat y el mismo Fonatur, la directorade la oficina regional en Cancún del Centro Mexicano de DerechoAmbiental, Alejandra Serrano, señaló que continuarán con elamparo contra esas autoridades por la falsedad de la informaciónpresentada y por las irregularidades de los permisos para laremoción de flora y fauna y seguirán exigiendo su revocación enseguimiento al amparo presentado ante las autoridadesambientales.
En entrevista con El Sol de México, dijo: “Me parecen muydesafortunadas las declaraciones que hizo el funcionario deFonatur, toda vez que son flagrantes las violaciones cometidas, unavez que no han cumplido con las condicionantes para el tratamientode flora y fauna”.
En entrevista con El Sol de México, Alejandra Serrano,especialista del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, dijo: “Meparecen muy desafortunadas las declaraciones que hizo elfuncionario de Fonatur, toda vez que son flagrantes las violacionescometidas, una vez que no han cumplido con las condicionantes parael tratamiento de flora y fauna”.
Es lamentable que Fonatur siga utilizando el argumento deinversión versus legalidad y recursos naturales, añadió.“Debemos apostarle a una inversión que sea legal y amigable conel medio ambiente. Creemos que ahí hay un gran reto para elGobierno federal, porque si la misma Fonatur no tiene esaconciencia de dónde debe orientar las inversiones, pues no existeun buen punto de partida”.
En cuanto al descargo político que hizo el funcionario deFonatur, la especialista sostuvo que no debe existir un vínculopolítico en este caso, pero aún así, no se deben soslayar lasresponsabilidades que se presentaron ante el Órgano Interno deControl, y no se debe desviar la atención de lo que ahoraincumplió Fonatur con el rescate de flora y fauna, lo que se debever reflejado en la revocación de la autorización.
Fonatur no tiene por qué alegar lo que se hizo enadministraciones pasadas y debe responder por las actuaciones en lapresente administración y dar seguimiento a los términos deresponsabilidad administrativa, pero no debe basarse en lo que sehizo en el pasado, dijo.
“Desafortunadamente, vemos que la Profepa está rebasada y noha actuado de manera oportuna, lo que nos hace desconfiados ante latardanza en la aplicación de la ley”.
Comentó que la Profepa debió verificar a la hora que seremovió la vegetación y no lo hizo, aunque ahora se escudan enque hicieron un rescate cuatro días antes, insistió en que la leyno se ha cumplido y tienen que responder por eso.
“Estamos exigiendo la reforestación del manglar y el costoque mencionó el funcionario federal de tres mil millones de pesosque costarían las demandas de los particulares, a quienes ya seles vendieron predios, no se deben cargar a los contribuyentes,sino a quienes incumplieron con la ley.
“Me parece un argumento perverso y en todo caso, si serevierte el proyecto, tendrán que responder quienes cometieron losactos de corrupción en ese entonces y no tiene porque cargarse alos contribuyentes de actos ilegales de los funcionarios y elgobierno no debe mandar el mensaje que la aplicación de la leytiene un costo y tiene que respetar el Estado de Derecho”dijo.
