- Se manifiestan en el Ángel de la Independencia; critican plande trasladar a la sociedad obligaciones de funcionarios
Juan Garcíaheredia / El Sol de México
Los ciudadanos soñamos con un México sin corrupción “ysabemos que este sueño es un sueño posible”, afirmó elpresidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana(Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, al encabezar un acto cívicocontra la corrupción en las escalinatas del Ángel de laIndependencia de la capital mexicana, mientras en la Cámara deDiputados discutían dictámenes que les fueron enviados por elSenado sobre el tema anticorrupción.
Como se sabe, el pasado miércoles, el Senado de la Repúblicaaprobó y remitió a los diputados los dictámenes que expiden laLey General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General deResponsabilidades Administrativas, la Ley Orgánica del TribunalFederal de Justicia Administrativa y la Ley Orgánica de laProcuraduría General de la República. En tanto, el legisladorperredista Jesús Zambrano lamentó la aprobación “rasurada”de las leyes anticorrupción.
Por otra parte, al preguntársele al dirigente de la Coparmex siestán decepcionados del Senado, respondió: “Nos parece que lossenadores como grupo colegiado nos quedaron a deber”. Subrayóque ahora la Cámara de Diputados tiene la responsabilidad decumplirle a los ciudadanos y corregir los errores que cometieronlos senadores.
“Nos parece que particularmente esta ocurrencia de madrugadaque se tuvo de tratar de trasladar a la sociedad a los empleados, alos colaboradores, a quienes participan en la iniciativa privadapara que cumplan con obligaciones que son propios de losfuncionarios públicos, es un despropósito. Si se insiste en estepunto, lo más seguro es que el sistema completo se pueda colapsar.Parecería que el propósito sería levantar una cortina de humo,tratar de camuflajearse entre millones de declaraciones para queaquellas que verdaderamente nos importan, que son las de losfuncionarios, quedaran ocultas”, acentuó Gustavo de Hoyos.
En entrevista dijo que los empresarios esperan que la Cámara deDiputados apruebe la creación de una Fiscalía AnticorrupciónIndependiente; también “nos interesa” que prevalezca elprincipio de máxima publicidad, es decir que las declaraciones deimpuestos, patrimoniales y de intereses que pidió la ciudadaníade los funcionarios “estén claramente establecidas en la ley yque sean derecho vigente desde el primer día. Y en tercertérmino, rechazamos esta ocurrencia de madrugada (del Senado) quepermite, o que trata de trasladar a los ciudadanos las obligacionesque corresponden a los funcionarios públicos”.
Por otra parte, representantes de organizaciones académicas yciviles, como el CIDE, Fundar; Transparencia Mexicana; Centro deEstudios Espinosa Yglesias; Mexicanos Contra la Corrupción;México Evalúa; Escuela de Gobierno del Tec de Monterrey; BarraMexicana Colegio de Abogados; IMCO; Red por la Rendición deCuentas; Causa en Común, UNAM, y de la propia Coparmex, enviaron ala Cámara de Diputados, un mensaje con motivo de la discusión dela Ley General de Responsabilidades.
En el escrito dirigido al presidente de la Cámara de Diputados,Jesús Zambrano, sugieren que la Cámara de Diputados, en sucarácter de colegisladora, considere las preocupaciones derivadasdel dictamen de la Ley General de ResponsabilidadesAdministrativas.
Piden la eliminación de los contenidos mínimos de ladeclaración patrimonial y de intereses que los servidorespúblicos habrían de presentar ante las autoridades competentespara poder establecer mecanismos de seguimiento de la evoluciónpatrimonial y evitar conflictos de interés.
Critican además la inclusión de último momento de ladisposición contemplada en el artículo 32 de la Ley General deResponsabilidades mediante la cual, sin diagnóstico previo y sinninguna racionalidad aparente, obliga a la declaraciónpatrimonial, de intereses y fiscal a las personas físicas omorales que reciban y ejerzan recursos públicos o contraten bajocualquier modalidad con entes públicos además de aquéllas quepresten sus servicios o reciban recursos de las personas moralesque tengan tratos con el Gobierno.
”Una legislación de esta naturaleza implica, por ejemplo, queaquellos estudiantes que reciban becas a través del Conacyt o losbeneficiarios de programas para adultos mayores, tendrían quepresentar estas tres declaraciones. Consideramos que estadisposición es un contrasentido. El Gobierno ya cuenta con unsistema de información suficiente sobre los ciudadanos -susdeclaraciones fiscales- y por el mandato de sus funcionarios yrepresentantes, es el gobierno quien debe rendir cuentas a lasoberanía”, refuta.
“Creemos que esta disposición carece de viabilidad técnica,obstaculiza el buen funcionamiento del Sistema NacionalAnticorrupción y banaliza la utilidad de estas herramientasorientadas a la prevención y detección de actos de corrupción.Por ello, conminamos a los diputados a que, en ejercicio de susatribuciones como Cámara revisora, eliminen el artículo 32 enmención de la minuta de la Ley General de Responsabilidades quetienen en estos momentos bajo su análisis.
“(…) Desde la independencia de nuestro ámbito de acción y,con el ánimo de contribuir en la construcción del andamiaje delsistema, solicitamos respetuosamente a los legisladores, miembrosde esta cámara revisora consideren las observaciones aquícompartidas. El país exige contar con un marco jurídico robustoy eficaz para combatir este mal, la corrupción, que afectaprofundamente el bienestar social y en particular a los menosfavorecidos de la sociedad. Confiamos en que honrarán sucompromiso como representantes de la ciudadanía”,puntualizaron.
