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Los abogados de la Procuraduría Fiscal de la Federación realizan de forma manual o con equipos obsoletos el análisis de la información financiera para investigar y perseguir delitos.
En un diagnóstico presentado a la Secretaría de Hacienda, la Procuraduría señala que el análisis de la información en su tarea de perseguir delitos financieros es realizado por abogados que procesan datos de manera manual y utilizando las computadoras que en la mayoría de los casos son obsoletas y sin Tecnologías de la Información (TI). “No cuentan con programas especializados para analizar la información. Todo se realiza utilizando Word y Excel”, añade el organismo.
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Entre las tareas a cargo del organismo está representar a la Secretaría de Hacienda y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) jurídicamente, es decir, debe investigar casos de defraudación fiscal, por ejemplo, de contribuyentes.
Esto deriva en demandas, embargos, juicios y enajenaciones, que pueden valerle al Gobierno Federal millones de pesos en recaudación.
A principios de mes, el procurador Carlos Romero Aranda señaló que dos grandes empresas en el país enfrentan procesos penales por impuestos.
“La Procuraduría Fiscal, como área de Seguridad Nacional, es la única unidad administrativa facultada para perseguir a los delincuentes fiscales y financieros, por lo que resulta urgente dotarla de las mínimas herramientas tecnológicas para construir casos sólidos”, señala el proyecto de inversión inscrito en la Cartera Pública de Hacienda.
Por ello, la Procuraduría Fiscal solicitó hasta 18.3 millones de pesos para la adquisición de una solución tecnológica especializada para hacer su trabajo
En su reciente comparecencia ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Romero Aranda dijo que el Gobierno Federal tiene aún margen para elevar la recaudación de impuestos.
Datos del SAT señalan que el Estado ha recibido este año el pago de más de 200 mil millones de pesos por adeudos fiscales de 650 grandes contribuyentes.
El proyecto de inversión indica que la Procuraduría requiere contar con las herramientas tecnológicas que permitan analizar datos de grandes contribuyentes relevantes a los que se requiere fiscalizar.
Con la inversión, dice el documento, se contará con dos servidores, un software de análisis y componentes complementarios con los cuales se podrán realizar análisis de grandes contribuyentes.
El problema a resolver con esta inversión es un alto costo operativo al destinar recursos humanos a procesos que pueden ser automatizados. “Asimismo se identifica un costo de oportunidad en la recuperación fiscal derivado de los tiempospara la elaboración de un expediente”, añade.
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