La Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera aceptó hacer cambios, en algunos casos de fondo, a la redacción de la Miscelánea Fiscal como parte de una negociación con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y su presidente Carlos Salazar Lomelín.
Uno de los puntos donde hubo receptividad de Hacienda para construir alternativas es en la propuesta que busca incorporar en el Código Fiscal de la Federación un título sobre la revelación de esquemas reportables. El sector privado había señalado que con esta disposición se obligaba a los asesores a reportar ante el Servicio de Administración Tributaria las estrategias que recomiendan a sus clientes para que estos obtengan beneficios fiscales.
De acuerdo con el CCE, otro de los temas en los que se ha trabajado y es posible ajustar es en la propuesta de reforma al Código Fiscal para limitar a partir de 2020 la deducibilidad de los intereses que pagan las empresas, a un 30 por ciento de la utilidad fiscal ajustada.
El secretario de Hacienda reconoció que algunas iniciativas integradas en la propuesta de Miscelánea Fiscal para el año entrante generaban confusión, por lo que trabajan con el sector privado para hacer ajustes que, en algunos casos, serán mayores.
“Nos dimos cuenta de que había confusiones y que probablemente necesitamos hacer un mejor trabajo en explicarlas (...) iniciamos un diálogo con el sector privado, a través de Carlos Salazar, nos dimos cuenta de que necesitábamos hacer cambios, en algunos casos cambios mayores, de fondo”, dijo en conferencia conjunta con el presidente del CCE.
Un punto en el que aún no hay consensos es el relativo a la reforma propuesta desde el Senado para sancionar con prisión preventiva oficiosa y hacer aplicable el régimen de delincuencia organizada (incluyendo extinción de dominio) a la defraudación fiscal y su equiparada.
El sector privado considera que se puede atacar a los grupos delincuenciales que se dedican a comercializar facturas, si se restringe la aplicación de este régimen a los delitos de venta de facturas y a los de defraudación fiscal y su equiparada, únicamente cuando se expidan o utilicen facturas que documenten operaciones inexistentes o simuladas.
"Hacemos un llamado para ajustar la reforma y evitar con ello generar incertidumbre a la inversión productiva".
Al respecto, Herrera indicó que la iniciativa se limita a las empresas fantasma que "existen legalmente, es decir, tienen domicilio fiscal, y RFC, pero no tienen ninguna actividad económica y el único objeto es defraudar al fisco”.
No aplica, por ejemplo, en el caso de una panadería que vende conchas. "¿Quiénes no caerían aquí? Si hay una empresa establecida correctamente, una panadería que vende conchas, y por alguna razón usa una factura falsa, no es una empresa facturera, porque esa sí está vendiendo conchas. Está cometiendo una irregularidad, pero no cae dentro de los supuestos de delincuencia organizada. No es una empresa fantasma, no hay conchas fantasma", detalló el funcionario.
El diputado de Morena, Sergio Gutiérrez, consideró que hay una percepción equivocada. "No queremos llenar las cárceles de empresarios, pero sí de criminales que se dedican a las operaciones simuladas, dijo el integrante de una de las Mesas de Dictaminación de la Ley de Ingresos y la Miscelánea Fiscal 2020.
Con información de Bertha Becerra y Rafael Ramírez
