La iniciativa de Industrias Estratégicas que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) envió al Congreso para reformar la Constitución, señala que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejará de ser una empresa productiva para convertirse en una empresa pública.
“Se propone eliminar el concepto de empresa productiva del Estado, incorporado al texto constitucional por recomendaciones de organismos internacionales financieros de corte neoliberal, desnaturalizando la obligación del Estado de garantizar el servicio público de electricidad, convirtiéndola en una empresa que no se diferencia de una privada y reduciendo su finalidad a la mera obtención de utilidades, sin ninguna función social”, refiere la propuesta en la que se proponer reformar el Artículo 25 constitucional.
Durante la presentación del paquete de 20 iniciativas, desde Palacio Nacional, el mandatario aseguró que este cambio es en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, ya que el criterio de público se le quitó a la empresa estatal durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica.
Otro de los cambios que se proponen es el de eliminar la obligación de que las empresas públicas, en este caso la CFE, se guíen por el concepto de “mejores prácticas” el cual, dice, se refiere a un gobierno corporativo que se constituye por accionistas e inversionistas, lo que no aplica a la empresa pública.
La iniciativa también prevé cambios al Artículo 27 para terminar con los contratos entre el Estado y generadores particulares para la venta de energía a la CFE, y establece que las leyes determinarán la forma en que las empresa privadas podrán participar en las actividades de la industria eléctrica sin tener prevalencia sobre la empresa pública del Estado.
La iniciativa propone dos cambios al Artículo 28 de la Carta Magna, esto con el fin de garantizar que el Estado provea el servicio de internet como un servicio público estratégico, de la misma manera que la electricidad, con el fin de evitar que una parte importante de la población, por razones económicas, carezca de él.
El documento establece también que el Estado ejercerá de manera exclusiva la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, cuyos objetivos serán preservar la seguridad y autosuficiencia energética de la nación y proveer al pueblo de la electricidad al menor precio posible, evitando el lucro, para garantizar la seguridad nacional y soberanía a través de la CFE.