El presidente Andrés Manuel López Obrador extendió por dos años la regularización en el país de autos usados importados, conocidos como chocolate, una medida que la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA) consideró como invasión al próximo sexenio de Claudia Sheinbaum.
La noche del jueves, la Secretaría de Hacienda publicó un decreto que extiende la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera hasta el 30 de septiembre de 2026.
“El Gobierno de México está obligado a implementar y continuar con estrategias que mejoren el bienestar de la población, otorguen certeza jurídica, protejan el patrimonio familiar y garanticen la seguridad pública, como la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que no han tramitado su importación definitiva, es decir, no han acreditado su legal estancia en el país”, justifica el decreto.
El documento permite la regularización de vehículos usados de procedencia extranjera que se encuentren en los estados como: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Durango, Hidalgo, Jalisco, Michoacán de Ocampo, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Zacatecas.
La AMDA acusó al jefe del Ejecutivo de invadir la administración de la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, con esta extensión del programa de regularización de la importación de vehículos usados.
“Es lamentable que López Obrador invada con su decisión el mandato de la doctora Claudia Sheinbaum al extender el decreto por dos años más, a solo cuatro días de terminar su presidencia. El conocimiento técnico, la trayectoria profesional y el compromiso con el medio ambiente de la presidenta nos hacían pensar que se revirtiera una política gubernamental nociva para México”, declaró el organismo en un comunicado.
El documento recordó que en 2022 se publicó un decreto que estableció que no podrían regularizarse los vehículos que por sus características o aspectos técnicos estuviera restringida o prohibida su circulación, así como los vehículos de lujo o deportivos ni las unidades que incumplieran con las condiciones físico mecánicas o de protección al medio ambiente, además de aquellos con reporte de robo o aquellos relacionados con la comisión de un delito.
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“Todos estos requisitos han sido letra muerta, lo cual coloca a los funcionarios públicos que han autorizado la regularización de millones de vehículos sobre los cuales existen evidencias de faltar a alguna de las especificaciones que el decreto estableció para regularizar el contrabando”, advirtió la AMDA.
El organismo concluyó que lejos de contribuir a evitar el contrabando, la ilegalidad y la circulación de vehículos sin identificar, esta medida de regularización extendida por el gobierno de López Obrador se puede convertir en un estímulo al contrabando.
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