El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a que autoricen todos sus proyectos y obras públicas de infraestructura en un plazo de máximo cinco días.
“Se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a otorgar la autorización provisional a la presentación y/u obtención de los dictámenes, permisos o licencias necesarias para iniciar los proyectos u obras a que se refiere el artículo anterior, y con ello garantizar su ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados”, se lee en un acuerdo firmado por el jefe del Ejecutivo y publicado en la versión vespertina del Diario Oficial de la Federación (DOF).
El documento declara como “interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura” y obliga a las dependencias federales a dar una “autorización provisional” en un plazo no mayor a cinco días hábiles, que correrán a partir de la presentación de las solicitudes correspondientes e incluso incluye la afirmativa ficta en caso de no recibir respuesta directa por parte de las autoridades federales en este lapso de tiempo.
Transcurrido dicho plazo sin que se emita una autorización provisional expresa, se considerará resuelta en sentido positivo detalla el acuerdo firmado por el titular del Ejecutivo federal
Los proyectos considerados en este acuerdo abarcan todos los relacionados a infraestructura impulsada por el gobierno federal en comunicaciones, telecomunicaciones, aduanas, fronteras, hidráulico, hídrico, medio ambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y “aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional”.
El Gobierno de México tiene identificadas tres mega obras prioritarias:
- La refinería de Dos Bocas
- El Aeropuerto de Santa Lucía
- El Tren Maya
Dicha autorización provisional tendrá una vigencia de 12 meses, contados a partir de su emisión y detalla que “las erogaciones que, en su caso, se generen con motivo de la entrada en vigor del presente acuerdo, se cubrirán con cargo al presupuesto autorizado a los ejecutores de gasto correspondientes en el ejercicio fiscal que se trate, por lo que no se autorizarán recursos adicionales para el presente ejercicio fiscal y los subsecuentes”.
Desde noviembre de 2019, el Gobierno federal impulsa una serie de paquetes de infraestructura de la mano con la iniciativa privada y con los que se comprometió a detonar el desarrollo económico del país.
A la fecha, la administración pública ha presentado dos avances y el pasado octubre la iniciativa privada afirmó que ya se tenía listo el tercer paquete de inversión público-privada sin dar montos específicos ni detallar las obras a realizar.
En los primeros dos paquetes se estimaron 176 proyectos, inversiones por más de 230 mil millones de pesos en los que se incluía la construcción de un segundo piso de Indios Verdes a la caseta de la México-Pachuca, un estadio de Grandes Ligas en Monterrey que recibiría juegos de la NFL, ampliaciones en nueve aeropuertos, trabajos en dos puertos, un gasoducto, una planta generadora de electricidad con gas natural, entre otros proyectos.
En sus considerandos, el mandatario federal señala que la Constitución establece que el Estado tiene la facultad de organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía y la democratización política, social y cultural de la Nación.
También advierte que el país requiere de infraestructura para fomentar el desarrollo del país, por lo que contribuyen a incrementar la derrama económica del turismo, a crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible y proteger el medio ambiente. Asimismo, indicó que se requiere impulsar y consolidar los proyectos del actual gobierno a fin de lograr el bienestar social y el crecimiento económico de la nación.
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