La Auditoria Superior de la Federación (ASF) señaló que se da seguimiento a los posibles casos de corrupción producto de los ‘Pandora Papers’, así lo afirmó el auditor, David Colmenares Páramo.
“Obviamente estamos ante un trabajo de inteligencia para ubicar y darle seguimiento a esa riqueza de información que surge de investigaciones periodísticas”, afirmó el auditor.
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Aunque el funcionario no dio mayores detalles de los asuntos que se revisan, sí reconoció que se trata de información muy valiosa para investigar posibles irregularidades.
Las auditorias se dividen entre gasto federal y cumplimiento financiero
Asimismo, el auditor reveló que existe un monto por aclarar superior a 12 mil millones de pesos, “del total de auditorías programadas, hoy presentamos 625 revisiones concluidas que se suman a las 125 presentadas el 30 de junio, con lo cual se totalizan 750 que equivalen alrededor del 45 por ciento con respecto al total incluido en el Programa Inicial, del cual se dará cuenta en su totalidad en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior en febrero de 2022”.
Estas 625 auditorías están distribuidas entre las de Gasto Federalizado, que incluye a estados y municipios, las de Cumplimiento Financiero y las de Desempeño.
Entre las irregularidades detectadas se cuentan los programas del Bienestar, por ejemplo, el de ‘Apoyo a hijos de madres trabajadoras’ y el de personas con discapacidad, los cuales suman juntos más de cien millones de pesos pendientes de aclarar.
En ese mismo contexto, la ASF, en su informe dado a conocer hoy explica que el gasto federalizado del ejercicio 2020 significó el 32.6% del gasto neto total de la Federación, el cual fue de 6 billones 7 mil 719.3 millones de pesos (mdp); es decir, alrededor de una tercera parte del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) fue operado por las entidades federativas y los municipios.
Respecto del ejercicio 2019, el gasto federalizado en 2020 registró un decremento real del 1.4%. De sus componentes, el correspondiente al programable se incrementó en un 3.4%, mientras que las participaciones federales disminuyeron en 6.8%, ambos en términos reales.
La disminución de las participaciones federales en el ejercicio 2020 se vio influida por los efectos de la pandemia de COVID 19, que se tradujo en una disminución de la Recaudación Federal Participable (RFP), hecho resultante, a su vez, de la caída del Producto Interno Bruto (PIB) en ese año.
Sobre el Gasto Federalizado Programable, los recursos fueron transferidos a las entidades federativas y municipios por medio de tres modalidades programáticas que son las aportaciones federales, los convenios (de descentralización y de reasignación) y los Subsidios.
La tasa media de crecimiento anual (TMCA) del gasto federalizado programable en el lapso 2012-2020 fue de menos 0.7%, que se explica por la situación observada en los convenios y los subsidios, los cuales tuvieron tasas negativas de crecimiento medio anual del 4.9% y 3.9%, respectivamente, mientras que las aportaciones federales tuvieron una tasa positiva del 1.1%.
Destaca el documento que la tendencia negativa del crecimiento de los recursos ministrados por medio de los convenios y subsidios, en el periodo 2012-2020, se explica principalmente por la desaparición de programas en el ejercicio 2019.
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En el caso de los subsidios, por ejemplo, se eliminaron programas del Ramo General 23 que tenían una asignación importante de recursos, como el Fondo para el Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN), el cual, en 2018, terminó con un monto ejercido de 50 mil 172.1 mdp, así como los proyectos de desarrollo regional que en ese año (2018) ascendieron a 12 mil 260.3 mdp.
La asignación de estos recursos a las entidades federativas se realizaba presuntamente de forma discrecional, ya que los proyectos de desarrollo regional eran negociados en la Cámara de Diputados y en el PEF se definía el listado de proyectos que serían financiados en cada entidad y municipio, mientras que el FORTAFIN era presupuestado con un monto muy inferior al que terminaba su ejercicio.
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