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La Auditoría Superior de la Federación informó que de la gestión financiera del presupuesto otorgado para el programa presupuestario “La Escuela es Nuestra”, de la Cuenta Pública 2020 del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se llevaron a cabo 20 recomendaciones, 1 promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y 3 pliegos de observaciones, en donde hubo irregularidades por 573 millones 605 mil 778 pesos.
El documento de la Auditoría Superior de la Federación menciona que existe posible daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un monto de 9 millones 450 mil pesos, por concepto de apoyos otorgados a 40 beneficiarios del programa presupuestario U282 "La Escuela es Nuestra".
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Refiere que no se demostró que se realizaron las acciones necesarias para recuperar los recursos, toda vez que los respectivos Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP) no activaron las tarjetas bancarias en las que les ministraron los referidos apoyos.
Por tanto, éstos no se destinaron para mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles escolares, por lo que, las posibles causas, de las irregularidades por falta de mecanismos de control y de pago en la operación del programa.
Lo anterior en incumplimiento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 1, párrafo segundo; del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, artículo 66, fracción III, y del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos de Operación del Programa La Escuela es Nuestra vigentes en 2020, numeral 4 "Dispersión de los recursos".
Una segunda observación de la ASF, con probablemente daño a la Hacienda Pública Federal, es por un monto de 12 millones 100 mil pesos, por concepto de apoyos del programa presupuestario U282 "La Escuela es Nuestra" otorgados a 71 planteles beneficiarios mediante sus respectivos Comités Escolares de Administración Participativa.
En sus expedientes correspondientes, no se cuenta con evidencia que demuestre que, con los recursos otorgados, se llevaron a cabo acciones para mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles de acuerdo con sus necesidades, además de que, de acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, los recursos fueron retirados en efectivo en su totalidad, por lo que no se pudo comprobar que éstos se hubiesen destinado para cumplir con los objetivos del programa.
Señala el informe que las posibles casusas de la Irregularidad sería la falta de mecanismos de supervisión y seguimiento por parte de las Unidades Responsables de la Operación del Programa.
La tercera observación, se presume un daño a la Hacienda Pública Federal por un monto de 552 millones 55 mil 778 pesos, por apoyos del programa presupuestario a "La Escuela es Nuestra" otorgados a 1,686 planteles beneficiarios por conducto de los Comités Escolares de Administración Participativa, los cuales, en sus expedientes, tampoco se cuenta con evidencia que muestre que con los recursos otorgados se llevaron a cabo acciones para mejorar las condiciones de infraestructura y equipamiento de los planteles de acuerdo con sus necesidades.
Refiere la ASF que no se pudo comprobar que éstos se hubiesen destinado para cumplir con los objetivos del programa, en incumplimiento con la ley, por lo que las posibles causad de las irregularidades es la falta de mecanismos de control, supervisión y seguimiento de los apoyos otorgados.
En el informe individual del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020, en el programa presupuestario U282 "La Escuela es Nuestra", en el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7 millones 600 mil pesos, con motivo de la intervención de la ASF; 573 millones 605 mil 778 pesos pesos que están pendientes de aclaración.
Cabe mencionar que el programa “La Escuela es Nuestra” surgió en 2019 como una iniciativa del Gobierno Federal que tiene como objetivo general el mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de los planteles públicos de educación básica.
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Este programa beneficia principalmente a zonas de alta y muy alta marginación, así como localidades de población indígena, mediante la aportación de un subsidio económico directo a las comunidades escolares para el mantenimiento, rehabilitación, equipamiento o construcción de espacios educativos.
Además, este programa busca fortalecer la organización de las comunidades escolares por medio de la instalación de Comités Escolares de Administración Participativa electos en asambleas escolares, conforme lo previsto en el último párrafo del artículo 106 de la Ley General de Educación.
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