La American Petroleum Institute (API), que dirige Mike Sommers, pidió al Gobierno de Estados Unidos interceder para que México respete a las empresas privadas dentro del sector energético, luego de los esfuerzos continuos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, por “discriminar a los inversionistas estadounidenses”.

En un carta dirigida a miembros del gobierno estadounidense, la asociación que aglomera más de 600 miembros en toda la industria del petróleo y el gas natural en el país vecino al norte, advirtió que con los cambios recientes a las Leyes de la Industria Eléctrica y a la de Hidrocarburos se cambian las reglas del mercado a favor de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y en contra de las empresas privadas.

“El denominador común de ambas leyes es obstaculizar la nueva inversión privada en el sector energético, así como destruir el valor de los activos privados que ya están operando en violación de los compromisos de México bajo el Tratado de Libre Comercio de Amércia del Norte (TLCAN) y el Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC)”, se lee en la misiva.

De acuerdo con la petrolera estadounidense estas reformas contravienen diversos compromisos como: otorgar un trato no discriminatorio con respecto al comercio de bienes, la inversión y las ventas y compras de empresas estatales y monopolios designados.

En la carta dirigida al secretario de Estado, Anthony Blinken, a las secretarías de Energía, Jennifer Granholm, de Comercio, Gina Raimondo y la embajadora estadounidense Katherine Tai , el presidente de la API les pidió continuar el diálogo con el Presidente de México para que mantenga los compromisos signados en el T-MEC y trate a los inversores “de forma justa”.

“Además, le pedimos que incluya estas violaciones como un tema principal de discusión para la próxima reunión de la Comisión de Libre Comercio que el Embajador Tai y la Secretaria de Economía de México Tatiana Clouthier acordaron cuando hablaron en marzo”, añadió.

Mike Sommer señaló que los tratados con México se firmaron para fortalecer la asociación comercial mediante la creación de un entorno positivo para el comercio, la inversión y las operaciones para todas las partes involucradas, “brindando inmensos beneficios a los consumidores de energía en los Estados Unidos y México”.

“Además, una colaboración regional más sólida en materia de energía es fundamental para impulsar el crecimiento económico, seguir creando puestos de trabajo en los tres países y consolidar la competitividad global de América del Norte”, agregó.

De acuerdo con API, con la reforma a la industria eléctrica la electricidad se volverá más cara y más contaminante, pues Pemex tiene un exceso de oferta de fuel oil, que el gobierno planea utilizar en las centrales eléctricas de CFE, al no poder venderlo en los mercados internacionales y lo cual podría ocasionar un impacto medioambiental por un incremento de emisiones contaminantes.

Además, apuntó que en generación eléctrica se tienen parados dos proyectos de energía eólica y solar, respectivamente que se esperaba que entraran en funcionamiento antes de 2024.

Con las reformas a la Ley de Hidrocarburos, la petrolera estadounidense alertó que estas disposiciones dan preferencia a Pemex en detrimento de la inversión privada y otorgan poderes discrecionales al gobierno para suspender o revocar permisos en toda la cadena de valor de los combustibles, así como instituyen obligaciones de almacenamiento retroactivo y obligatorio, que en conjunto, “generan inseguridad jurídica que afecta los proyectos de inversión a largo plazo”.

Así mismo, alertó sobre la negativa ficta para la obtención de permisos y los obstáculos administrativos para acceder a los mismos en toda la cadena de valor de los hidrocarburos y la posibilidad de que el gobierno se haga cargo de las instalaciones y operaciones de empresas privadas si se determina un posible riesgo a la nación.

“Las empresas inversionistas estadounidenses que llevan a cabo la comercialización minorista de gasolina y diésel en México enfrentan cada vez más dificultades para obtener la aprobación de permisos para todos los procesos y actividades relacionados con las estaciones minoristas de gasolina y diésel, ya que la CRE prolonga los procesos administrativos para los permisos”, detalló.

Igualmente, apuntó discriminación a través de diversas regulaciones como inspecciones de estándares por parte de Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), “que ha cerrado bombas en estaciones de servicio de empresas estadounidenses por infracciones menores o inexistentes” así como inspecciones de rutina en las instalaciones con la presencia coercitiva de la Guardia Nacional.

También, precisó que con la nueva política de almacenamiento “se volvió problemático” promover inversiones en infraestructura por parte del sector privado, ya que los participantes de la industria no han podido materializar estas inversiones y desarrollar nuevas instalaciones de almacenamiento debido a demoras injustificadas en el otorgamiento de los permisos requeridos por parte del gobierno mexicano.

“Además, la estatal Pemex posee y opera la mayor parte de la capacidad de almacenamiento certificada y no ha estado dispuesta a ceder espacio de almacenamiento a través del mercado de venta de boletos y las temporadas abiertas”, indicó.