El Fondo de Protección de Pagos (FPP) que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Infonacot) echó a andar desde agosto del año pasado presenta “fallas en la operación” que implican un alto riesgo de que los recursos acumulados sean malversados, utilizados a discreción y manejados con opacidad, revela la Auditoría Interna número 04/2019.
El documento elaborado por el auditor interno, Guillermo Ventura Tello, revela que los lineamientos del FPP únicamente incluyen una cláusula para que se paguen contraprestaciones a los servidores públicos encargados de su administración, sin embargo, no proporciona cálculos técnicos, sumado a que al momento de la auditoría se desconocía el nombre y cargo de los implicados en dichas actividades.
“Es importante que se establezcan los controles, funcionarios, tipo de conceptos utilizados para el uso y/o destino de estos recursos ya que solo están citados en los lineamientos por lo que son enunciativos, lo anterior para prevenir opacidad o incluso su malversación”, se lee sobre las recomendaciones realizadas al organismo dirigido por Alberto Ortiz Bolaños.
Además, añade que “es necesario que los recursos crecientes del Fondo tengan un parámetro de cálculo técnico que soporte las salidas por conceptos autorizados, ya que en caso contrario estos se pueden realizar de manera discrecional y por ello susceptibles de opacidad”.
En la evaluación realizada también se expone un “potencial conflicto de interés”, esto debido a que la Dirección General Adjunta de Crédito y Finanzas, a cargo de Roberto Barrera Rivera, ha concentrado toda la información sobre dicho Fondo, cuando tendría que haber notificado a otras áreas implicadas.
“La información ha fluido por solicitud de cada área usuaria; conforme surgen temas a tratar son convocados a reuniones o bien de les hacen requerimientos según sea necesario, esto aplica también respecto a consultas frecuentes que se han hecho y se continuaban realizando a la CNBV (Comisión Nacional Bancaria y de Valores) a la fecha de la revisión”, precisa.
Dicha falla tendría origen en que los lineamientos y Reglas de Operación del Fondo de Protección de Pagos tienen estrecha relación con el mecanismo del mismo nombre que opera en el Infonavit, con excepción de aquellas partes en que se refieren al funcionamiento de un Fideicomiso. “La forma en que fueron interpretados los estatutos orgánicos para configurar o diseñar la estructura organizacional, impacta en el flujo de comunicación y en el Sistema de Control Interno del Infonacot".
A esto se suma “una aparente sensación de premura para utilizar un mecanismo como el FPP”, ya que el Consejo Directivo tomó conocimiento de su creación en septiembre, pero la vigencia del mismo data del 1 de agosto de 2019.
Entre las irregularidades operativas también se identificó la actualización tardía de los contratos, ya que hasta octubre pasado, el Fondo operó ostentándose como una empresa de seguros, tal como consta en copias en poder de este medio de comunicación.
A pesar de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tienen conocimiento de las irregularidades desde la creación del Fondo, no han detenido su funcionamiento. Al momento, tampoco se ha dado a conocer públicamente la aplicación de sanciones a funcionarios; sin embargo, desde el año pasado el Área de Quejas del Órgano Interno de Control requirió los nombres y cargos de los implicados en la creación del Fondo, mediante el expediente 2019/INFONACOT/DE68.
Al cierre de 2019 se contabilizaron un millón 217 mil 318 créditos, entregados a un millón 211 mil 057 trabajadores, mientras que el saldo de la cuenta de inversión del FPP llegó a 715.6 millones de pesos.
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