La construcción de obra pública en la Ciudad de México se desplomó 42 por ciento y 12 por ciento la privada en el primer semestre del año, en medio del freno que puso el gobierno desde diciembre pasado a 245 proyectos inmobiliarios para detectar posibles irregularidades
El diagnóstico Situación de la Actividad Productiva de la Empresas Constructoras, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, da cuenta de que entre enero y junio el valor de la obra construida en la capital del país, tanto pública como privada, fue de 16 mil 526 millones de pesos, cuando en el mismo periodo del año pasado rondaba los 28 mil millones de pesos.
Es resultado se dio aun cuando el valor de los proyectos de construcción privados aumentó 21 por ciento.
El Sol de México publicó en mayo que de acuerdo con la Coparmex local hasta esa fecha se habían perdido tres mil 333 en el sector de la construcción, en medio de una revisión de la autoridad local a los proyectos de obra iniciados durante la anterior administración, en busca de posibles irregularidades.
Según los datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, en los primeros cuatro meses de 2019 el empleo en la construcción en la CdMx cayó 85 por ciento.
El último reportó de la Seduvi indica que atendió más de 90 por ciento de los 245 proyectos inmobiliarios que estaban en espera de sus dictámenes de Estudios Impacto Urbano.
De esa cifra 207 iniciaron en la administración pasada y 38 proyectos presentaron su solicitud durante el año pasado.
Del total, el dictamen fue favorable para 121 y negativa para 104. Además, uno por ciento espera la opinión técnica de otras instancias como Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) o la Secretaría de Movilidad (Semovi) para concluir con el dictamen.
Los 104 Estudios de Impacto Urbano con dictamen negativo carecían de la factibilidad de servicios hidráulicos (agua potable y drenaje), presentaban problemas en materia de movilidad o no tenían el visto bueno de la alcaldía.
Los 245 proyectos correspondían a desarrollos inmobiliarios de usos mixtos, habitacionales, comercio o servicios de más de cinco mil metros cuadrados.
El 5 de diciembre, la Seduvi inició reuniones de trabajo con los desarrolladores para exhortarlos a que ajustaran sus proyectos a los usos de suelo, zonificación, niveles y altura, porcentaje de área libre y construcción, así como el número de viviendas y densidad que señala la normatividad en materia de desarrollo urbano.
La Seduvi dijo que la mayoría de los empresarios, muchos de ellos integrantes de la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI) y de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), mostraron su disposición por readecuar sus proyectos para ejecutar sus obras bajo los ordenamientos que marca la ley.
La actividad inmobiliaria contribuye con 15 por ciento del Producto Interno Bruto en la capital del país y 20 por ciento del PIB nacional.