La Cámara Minera de México (Camimex) hizo un llamado al Legislativo a incentivar la industria y dar certidumbre jurídica a los operadores del sector, con el fin de mantener los empleos que la minería genera en el país.
En el marco de la discusión de la reforma a la Ley Minera, el organismo dio que la restricción sobre el uso de cualquier mineral considerado como estratégico es una señal de incertidumbre para las operaciones mineras en el país, tanto para las empresas ya se encuentran trabajando como para los futuros desarrollos.
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Esto, dijo, “puede impactar negativamente en la contribución que las empresas mineras responsables realizan para abonar a la reactivación económica tan necesaria para México y pone en riesgo el empleo de más de tres millones de familias que dependen de esta actividad, con sueldos dignos, así como el bienestar de más de 690 comunidades donde no hay posibilidad para desarrollar otra actividad económica”.
Apuntó que en la actualidad no hay suficiente información disponible sobre las reservas de litio en el país, por lo que se requiere de un esfuerzo de exploración del territorio en busca de yacimientos, con largos periodos de maduración para los proyectos y fuertes inversiones que afectarían al presupuesto público si no se da participación a la iniciativa privada.
“Lamentablemente, la reforma aprobada en la Cámara de Diputados reserva para el Estado mexicano la explotación del litio, lo que deja fuera al sector privado, el cual cuenta con la experiencia y recursos para poder contribuir en el aprovechamiento de este mineral”, dijo la Camimex sobre la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Recordó que la minería es una de las cinco fuentes de ingresos más importantes en el país por concepto de divisas y una de las industrias que más aporta en materia impositiva al fisco, con más de 225mil millones de pesos en los últimos seis años, lo que equivale a 3.3 veces el presupuesto de egresos de estados como Sonora y 6.7 veces el presupuesto de Zacatecas para este año.
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El organismo subrayó que una política pública que impulse a la minería puede apoyar en la generación de más de 50 mil nuevos empleos directos y 300 mil indirectos así como en la atracción de inversiones por más de 24 mil 200 millones de dólares para nuevas minas en los siguientes seis años, lo que se traduce en el pago de impuestos y derechos por 23 mil 500 millones de pesos adicionales al año.
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