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La imposición del regreso a semáforo rojo por el Covid-19 en la Zona Metropolitana del Valle de México llevará a la quiebra a cerca de 50 mil negocios y se corre el riesgo de que 300 mil personas se queden sin empleo, estimó inicialmente Gerardo López Becerra, dirigente del Consejo Nacional para el Desarrollo del Pequeño Comercio.
Durante una conferencia de prensa virtual, afirmó que el saldo de la pandemia, entre marzo y diciembre de este año, fue una caída en las ventas de 70 a 80 por ciento para un alto porcentaje del sector comercial y de empresas familiares ubicadas en dicha área, mientras que al menos 10 por ciento de los giros, principalmente aquellos vinculados a la atención de la emergencia, pudieron mejorar sus ventas; y otro porcentaje igual apenas logró mantenerlas por estar vinculadas al sector del consumo.
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Reconoció que dicho organismo tiene si acaso dos meses de que inició operaciones y que representa a mil negocios pequeños y medianos del Centro Histórico, la periferia y el área conurbada de la Ciudad de México.
Sostuvo que los apoyos económicos ofrecidos por el gobierno capitalino, consistente en préstamos de 10 mil pesos, no son sustanciales para el comercio formal, por lo que demandó un financiamiento por negocio de al menos 100 mil pesos, a fin de que puedan enfrentar las deudas que adquirieron para pagar rentas, nómina, productos y servicios, entre otros.
Asimismo, expuso que la renta se constituye en el principal factor de presión ya que alrededor de 80 por ciento del comercio en pequeño arrendan sus locales. Para quienes recibieron el préstamo gubernamental, ahora tienen un adeudo más a los que se suman los conceptos de renta, luz, impuestos, pago a proveedores, pago de trabajadores y pago al IMSS, entre los principales.
Arremetió contra las autoridades por la manga ancha que ha dado al ambulantaje, ya que son escasos o nulos los controles sanitarios que se perdieron tras la primer etapa de confinamiento y por eso son un factor de alto riesgo de contagio de Covid-19.
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“Hoy, en pleno semáforo rojo, el comercio ambulante sigue sin control sanitario en zonas del Estado de México y la Ciudad de México”, advirtió y citó al Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México, el cual seña que las alcaldías y municipios de la zona oriente de la metrópoli, como son Iztapalapa, Iztacalco, Venustiano Carranza, Nezahualcóyol, Valle de Chalco y Chimalhuacán, son de alto riesgo de contagio, porque en ellos se instalan grandes mercados y tianguis.
Reclamó a funcionarios de los tres órdenes de gobierno ya no ser tan cortos de mira y emprender un plan económico amplio del mismo tamaño del problema que se enfrenta.
A su vez, Edith Lugo, quien participó en la conferencia y tiene una taquería en la alcaldía Gustavo A. Madero, dio a conocer que se incrementó la competencia en la venta de comida y que se inscribió para recibir el apoyo inicial de 25 mil pesos, pero nunca pudo concretar el trámite para obtenerlo.
Finalmente, María, una locataria del Centro Histórico, agregó que los préstamos de 10 mil pesos que ofrece la administración de Claudia Sheinbaum no sirven para nada y que la imposición del semáforo rojo de un día para otro los afecto enormemente, mientras que el comercio informal sigue en plena actividad.
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Exigen salvar empleos
Empresarios de la Ciudad de México han exigido al gobierno capitalino la aprobación, de forma extraordinaria, de un paquete de salvación del empleo por 3 mil 200 millones de pesos.
La Confederación Patronal de la República Mexicana a nivel local insistió a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, y al Congreso capitalino sobre este paquete para que se aminore el impacto económico provocado por el nuevo semáforo rojo.
La Coparmex explicó que los 3 mil 200 millones de pesos equivalen a menos de una sexta parte de lo que las empresas pagan de impuesto sobre nóminas de manera anual, por lo que proponen aplicarla en dos pasos.
El primero, un programa de paros técnicos con el que los trabajadores de las empresas que se comprometan a mantener los empleos, puedan recibir de parte del Gobierno local un salario mínimo equivalente y la exención temporal para los siguientes seis meses del impuesto sobre nómina para los nuevos empleos que se generen hasta el restablecimiento de los perdidos a consecuencia de la pandemia.
