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La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) recomendó al Congreso no aprobar la reforma a la Industria Eléctrica, ya que, en sus términos, impedirá la competencia en la generación y suministro de electricidad, con costos a los bolsillos de los mexicanos o a costa del erario.
Advirtió que de entrar en vigor, se incrementarán las tarifas de electricidad que pagan los hogares y negocios mexicanos, o bien, el gobierno tendrá que incrementar los subsidios para compensar la posible alza en los precios de la energía eléctrica.
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En documento enviado a los legisladores, la Cofece afirmó que en medio de la recuperación económica, “es sumamente importante que las empresas mexicanas tengan acceso barato y eficiente a la electricidad”, así como “que las familias paguen menores tarifas para que su dinero alcance para más”.
“Ante la actual presión en el gasto público, es importante mantener bajos los subsidios aplicados a las tarifas eléctricas, de tal forma que el Gobierno cuente con recursos adicionales para apoyar la recuperación de la economía mexicana”, añadió.
El organismo que encabeza Alejandra Palacios Prieto, señaló que las redes de transmisión y distribución de energía eléctrica deben de operar sin beneficiarios en la competencia, ya que esto permite mayor generación de energía a precios más competitivos.
La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, plantea que se modifique el despacho de la energía y se priorice la electricidad que generan las hidroeléctricas y las demás plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y relega al último la que generan plantas eólicas, solares y las de ciclos combinados privadas.
“Este orden otorga ventajas exclusivas injustificadas a las generadoras de CFE, garantizándole la venta de su energía sin que necesariamente sea la más barata. Esto eliminaría la competencia entre generadores mediante la disminución de costos y desmotivaría la instalación de proyectos de generación más eficientes y limpios, en perjuicio de los consumidores y el medio ambiente”, sentenció.
El organismo antimonopolios consideró que la iniciativa quebranta la garantía de acceso abierto a las redes de transmisión y generación, ya que propone que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) otorgue permisos de acceso a estas redes cuando sea “técnicamente factible” sin señalar los criterios para su otorgamiento, otorgándole “amplia discrecionalidad”.
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Alertó que la iniciativa del Presidente permite a la CFE adquirir electricidad sin recurrir a mecanismos que garanticen la competencia y los mejores precios, al eliminar la obligación de la CFE para comprar energía a través de subastas que garantizan precios más baratos.
Apuntó que esto implica que 84 por ciento de la generación existente pueda ser adquirida “por el principal suministrador del país a través de métodos no competidos”, lo que dejaría de lado menores precios e incrementaría las tarifas o los subsidios gubernamentales a estas.
La Cofece explicó que la facultad que se le pretende dar a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para negar permisos de interconexión le permitirá, “sin causa justificada, dejar de otorgar permisos y cerrar el mercado de la generación” de electricidad.
La Cofece agregó que la reforma planteada por el Presidente también limita el mercado de Certificados de Energía Limpia (CEL) al eliminar la efectividad de este mecanismo para promover más proyectos de energías limpias, poniendo en riesgo los compromisos internacionales adoptados, como el Acuerdo de París, donde México se comprometió a generar el 35 por ciento de su electricidad mediante fuentes limpias y renovables para 2024.
Además, consideró que la iniciativa preferente recoge diversos puntos de la más reciente política energética implementada por la Secretaría de Energía desde mayo de 2020 y que fue invalidada recientemente por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al establecer que contravenía la libre competencia.
Dicha decisión fue tomada a partir de la controversia que interpuso la Cofece a la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, en su facultad de regulador de la concurrencia en los mercados.
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La reforma a la Industria Eléctrica fue enviada el 1 de febrero del presente año, con caracter de preferente para obligar a los diputados federales a legislar en la materia en no más de 31 días naturales.
Actualmente la propuesta de reforma se ubica en la Comisión de Energía de la cámara baja, que se encargará de su dictaminación, así como en las comisiones de Economía y Competencia Económica y de Presupuesto y Cuenta Pública, quienes están encargadas de emitir su opinión sobre la propuesta legislativa.
La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública aprobó dicho proyecto el pasado 10 de febrero y sólo queda pendiente la opinión de la Comisión de Economía y Competencia Económica.
Los días 11 y 12 de febrero pasados la Comisión de Energía llevó a cabo un Parlamento Abierto, donde se debatió la propuesta entre el sector privado, la academia, e incluso funcionarios de la propia CFE, que por un lado acusan la desmotivación y pérdidas de inversión y por el otro, que no existe un piso parejo para la empresa del Estado.
Sin embargo, un día antes de que arrancara este ejercicio parlamentario el Presidente de México pidió a los legisladores federales que no se le moviera “ni una coma” a la reforma eléctrica que envió al Congreso.
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