Leipzig.- Las concesiones al transporte de pasajeros es uno de los principales retos en México y América Latina para la transición a una movilidad sustentable, debido a la ilegalidad que hay en varias de ellas, consideró Shomik Mehndiratta, gerente de Prácticas de Transporte del Banco Mundial (BM).
En el marco de la cumbre anual del Foro Internacional del Transporte (ITF), el especialista destacó que en muchas ciudades de México, como en la región latinoamericana, las concesiones informales de transporte público impiden que haya una competencia eficiente en el mercado y, a la vez, que se pueda invertir en unidades amigables con el medio ambiente.
“Al ser ilegales es más difícil crear incentivos para cambiar las unidades, ya que los autobuses eléctricos suelen ser más costosos y requieren apoyos de los gobiernos”, respondió Mehndiratta a El Sol de México.
Hace unos días, el titular de la Secretaría de Movilidad del Estado de México, Daniel Sibaja, declaró que unas 700 mil unidades del transporte público concesionado en la entidad, la más poblada del país, son piratas o irregulares.
El directivo del BM destacó en el panel “Hacer más verde a América Latina y el Caribe: acelerar la movilidad eléctrica” que la modernización del transporte público es uno de los elementos principales en la transición energética, pero que ello depende de fuertes inversiones privadas e incentivos del gobierno.
Al respecto, Reinaldo Fiorivanti, especialista líder en la División de Transporte del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), consideró que otro de los desafíos en la transición a una movilidad verde es el de la inversión y financiamiento.
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Apuntó que en el caso del transporte público es mucho más costoso comprar unidades eléctricas, para lo cual se requiere el financiamiento de la banca comercial pero también el apoyo de los gobiernos con incentivos para que los concesionarios inviertan en estas unidades.
La clave es canalizar lo máximo que hay de financiamiento climático o tradicional y, dentro del plan de descarbonización y climático del país debe haber una discusión fundamental con los ministros de Hacienda o Finanzas sobre esto comentó Fiorivanti.