Los empresarios del país no están de acuerdo con algunas modificaciones al marco fiscal del año entrante, pues consideran excesivo que se tipifique el delito fiscal como delincuencia organizada, dijo Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
“Evidentemente no estamos de acuerdo con las modificaciones al marco fiscal. Lo que nos preocupa es que haya discrecionalidad por parte de la autoridad, que comparen un delito fiscal con delincuencia organizada y que cuando estés defendiéndote de un delito fiscal, lo tengas que hacer en la cárcel”, dijo.
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Dentro de las propuestas de la Miscelánea Fiscal 2020, integrada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sugirió un cambio legislativo que equipare a la evasión fiscal como un delito de delincuencia organizada, situación que fue rechazada por los empresarios del país.
En entrevista posterior a una reunión que sostuvo el sector privado con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, Salazar Lomelín aseguró que ambas partes ya establecieron una mesa de diálogo para proponer las modificaciones que consideren pertinentes.
Pese al descuerdo, Carlos Salazar Lomelín aseguró que el secretario de Hacienda fue receptivo a las inquietudes del sector privado.
“Están escuchando nuestras preocupaciones. Yo le entregué al secretario formalmente hoy todas nuestras peticiones por escrito, para que no sea nada más platicadito y esperemos tener una resolución adecuada a cada uno de los problemas”, dijo el representante empresarial.
En el mismo espacio, el titular de la SHCP, Arturo Herrera, dijo que el gobierno federal está abierto a todas las sugerencias que tenga el sector privado y recordó que en los últimos ocho días se ha reunido tres veces con el presidente del CCE.
“Si encontramos algún problema de diseño (del nuevo reglamento fiscal) o si encontramos en este diálogo que tenemos algo que pudiera mejorarse, estamos dispuestos”, aseguró el funcionario.
El asunto, añadió, no es desincentivar la inversión, sino crear un piso parejo para que todos cumplan con sus contribuciones y que el pago de impuestos sea equitativo.
“Nosotros estamos 100 por ciento de acuerdo en que se persiga a los factureros y que se les ponga todo el peso de la ley y ellos representan al final una competencia desleal para el empresario cumplido”, comentó el presidente del CCE.
Salazar Lomelín no es el primer empresario en rechazar la medida en la propuesta fiscal de la Secretaría de Hacienda, pues el miércoles pasado, en Aguascalientes, Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, dijo que no es justo comparar al empresario con un “descuartizador”.
“Se pretende medir con la misma vara a un asesino descuartizador que a un contribuyente que por error deja de pagar impuestos”, advirtió el dueño de Televisión Azteca y otras empresas como Banco Azteca, un actor fundamental en la dispersión de programas sociales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Para Salinas Pliego estas modificaciones son un grave error, al pretender equiparar los errores de causantes con aquellos delitos del crimen organizado.
“Nada tiene que ver el pozolero que tasajea gente y los mete a un barril de ácido, con alguien que por error deja de pagar impuestos y nos está dejando en la misma canasta. Y no se vale, ni moralmente ni éticamente, ni en cuestión de justicia, tenemos que pelear ese punto y espero que (López Obrador) nos escuche. Yo tengo confianza que esto podrá llegar a buen final”, expresó el empresario.
