Veinte entre las 60 empresas establecidas en el Valle de San Quintín, en Baja California, no dieron utilidades a los trabajadores y las que lo hicieron fueron de 40 pesos a 200 pesos, cuando son corporaciones que exportan a Estados Unidos y Canadá. De los 60 mil jornaleros, el 50% no recibió nada; 40% obtuvieron cantidades absurdas y el resto si tuvieron hasta 5 mil pesos de utilidades.
Así lo denunciaron dirigentes y afiliados al Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas (SINDJA). Abelina Ramírez, secretaria general de este gremio, señaló que desde 2015 denuncian violaciones a sus derechos laborales sin que haya respuesta de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, ni federal, ni estatal.
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Y Lorenzo Rodríguez, secretario de Organización, comentó que realizaron paros en cuando menos en 4 ranchos y no solo por la falta del pago de utilidades sino porque no cuentan con ninguna de las prestaciones que señala la Ley, como seguro social, vacaciones y pago de horas extras.
En conferencia de prensa virtual, denunció que tienen 10 años sin aumento de salario, que están sujetos al sindicato de empresa que controla la CTM que viola además sus derechos humanos.
“Se obligó a los jornaleros a votar en la legitimación del contrato colectivo por la CTM. Pero fue una farsa: de 600 trabajadores en la empresa Rancho Nuevo Produce, solo tomaron en cuenta a 200 trabajadores de confianza y se les obligó a votar por la CTM”.
Tampoco hubo inspectores ni locales ni federales de la STPS que supervisará la votación. “La autoridad laboral de Baja California no tiene participación, le falta interés para actuar ante las violaciones de derechos humanos y laborales y de la STPS federal no vemos respuesta contundente”, dijo.
Y comentaron los dirigentes del SINDJA que el Sindicato Nacional de Trabajadores Obreros de Industria y Asalariados del Campo, Similares y Conexos CTM y el Sindicato de Obreros, Campesinos, Cargadores, Operadores de Maquinaria en General, Similares y Conexos del Valle de San Quintín, tanto de la CROC como de la CROM, controlan los contratos colectivos de las empresas agrícolas.
Ante esta situación, hicieron un urgente llamado a que la autoridad federal solicite a las empresas sus estados fiscales para conocer sus utilidades. “Dicen que no hubo utilidades, pero durante la pandemia, no se suspendieron labores. Siempre laboramos por ser trabajadores esenciales. No se suspendieron las exportaciones”.
E insistió: “Las empresas no entregan copias con la información fiscal. Tenemos testimonios de trabajadores con más de 30 años de trabajo que no les dan las utilidades que por derecho les corresponden”.
Algunas de las empresas que incumplieron con el pago de utilidades este año son Agrícola Fragaria, que exporta a Estados Unidos para Fresh Pac International; Rancho Nuevo Produce, S.A. y Rancho Agrícola Santa Mónica.
El sindicato de jornaleros ya presentó las denuncias ante las autoridades laborales locales y federales para que realicen inspecciones y se verifique que el reparto de utilidades se realice conforme a la ley.
Rodolfo Gálvez, secretario del Trabajo, del SINDJA, ironizó y comentó: “las berries en estados Unidos se venden de 4 a 6 dólares la libra y nos dieron 20 pesos de utilidades. ¡Es una burla! Por eso desde hace dos meses hacemos paros laborales”.
Denunció que no se respeta la libertad sindical y si reclaman “nos apuntan en una lista negra”.
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