El representante legal de la empresa de taxis Nueva Imagen, Miguel Ángel Téllez, anunció que los taxistas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México alistan un amparo contra la resolución de la Cofece anunciada el lunes pasado y sus efectos, que consiste en el pago de una multa de más de 23 millones de pesos.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) sancionó a varias empresas de taxis y sus representantes por incurrir en prácticas monopólicas tarifarias en la prestación de servicios de transporte con origen y destino en el aeropuerto capitalino.
Téllez dijo que en el aeropuerto capitalino existen mil 500 permisionarios, personas físicas, cada uno de los cuales tiene en lo individual el permiso que le otorgó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), por lo tanto cada uno es dueño de su vehículo y tiene celebrado un contrato individual que le da el derecho de acceso y de prestar el servicio. Abundó que las agrupaciones responden a la necesidad de esos permisionarios de organizarse y tener un administrador para los efectos comunes: renta de espacios, pago de sueldos a trabajadores y otros. Los agremiados son los que prestan el servicio, no las agrupaciones; éstas solo los representan. El representante legal añadió que la parte sustancial de la investigación de la Cofece es la posibilidad de que las agrupaciones -no los permisionarios- se hubieran puesto de acuerdo para manipular el precio del servicio.
Explicó que en 2011, las agrupaciones contrataron a un despacho de consultoría para que les hiciera un estudio de costos respecto de la operación del servicio de los permisionarios. Cada una de ellas, por separado, otorgó la información a ese despacho bajo un contrato de prestación de servicios que implicaba confidencialidad.
También expuso que las agrupaciones decidieron contratar un mismo despacho por razones de precio, debido a que unos tienen 78 agremiados y otros 500, y hacerlo de manera global les garantizaba un mejor precio.
Con base en este estudio es que la Comisión Federal de Competencia inicia el proceso de investigación y determina que las agrupaciones son las que prestan el servicio y no los permisionarios. “Llega a esa conclusión, y así lo dice la resolución, con base en evidencias, no en pruebas, y con base en la percepción pública del consumidor, que tampoco son pruebas”, expresó Téllez.
