La propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de establecer a partir del 1 de enero una zona libre en la franja fronteriza del norte del país generó expectativas favorables entre organismos empresariales, pero también muchas dudas sobre sus alcances e implicaciones.
El Ejecutivo anunció que en la zona libre que abarca tres mil 680 kilómetros de largo y 25 kilómetros de ancho bajarán las tasas del IVA, de 16 a 8.0 por ciento, y del ISR, a 20 por ciento, los precios de combustibles serán iguales a los de California, Texas, Nuevo México y Arizona y el salario mínimo será del doble.
El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, dijo a El Sol de México que como empresario fronterizo ve “con buenos ojos” que haya una reducción de impuestos, pero existe preocupación en otras regiones ante el riesgo de reubicación de corporativos para aprovechar de manera artificial estos beneficios.
El anuncio de subir el salario mínimo al doble no es relevante porque en la frontera ni los ninis trabajan por esa cantidad. Si acaso la medida llegará a menos de 90 mil personas, que son las que ganan menos de un salario mínimo, dijo el empresario nacido en Nuevo León, pero radicado en Baja California desde los años 70.
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Lo preocupante, agregó, es que el gobierno haya dado por hecho este cambio cuando la decisión en materia de salarios mínimos no le corresponde a él, sino a un órgano tripartita que es la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos.
En contraste, en Baja California, José Francisco Elizondo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) Noroeste, y Miguel Ángel Torres, de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados (Canirac), coincidieron en que la baja en impuesto hará más competitiva a la frontera.
En San Luis Río Colorado, Sonora, Raúl Fuentes Ovando, maestro en Derecho Fiscal por el Instituto Schiller con sede en Washington, consideró que la zona libre es la oportunidad de incrementar la producción de bienes y servicios y generar empleos mejor renumerados que regresen a los mexicanos el poder adquisitivo.
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