Gracias al anexo 23-A del T-MEC, los derechos de los trabajadores ya no se vulneran, puesto que se busca la competitividad laboral pero no a su costa, ni de los bajos salarios o de la precarización de las condiciones laborales, afirmó la titular del Trabajo y Previsión Social.

En el Conversatorio “El Gobierno de México y la Implementación del T-MEC”, que organizó la Secretaría de Economía y en el que participaron además los titulares de Agricultura y de la Semarnat, Luisa María Alcalde Luján, dijo también:

Una de las características más importantes del T-MEC, a diferencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se enfocaba más en material mercantil, es que se centra mucho más en el tema laboral.

En su implementación, a un año de su puesta en vigor, se busca avanzar para tener mejores condiciones laborales a través de la formalidad y de una reforma laboral que sirva para adecuarse a las nuevas realidades del país.

Señaló que se transita a un nuevo modelo laboral totalmente distinto, donde los trabajadores sean el centro del mismo.

De la Reforma Laboral, comentó que se trata de una de las más importantes de los últimos 100 años, “pues su implementación permite que los sindicatos jueguen un rol fundamental, garantiza la democracia sindical para que las y los trabajadores elijan de manera pacífica, directa y libre a sus representantes y tengan certeza de que fueron ellos quienes los eligieron”.

Resaltó que se avanza en los registros federales donde los sindicatos establecen reglas democráticas, pero no solamente sobre cómo elegir, sino que se trata de obligaciones en materia de transparencia, de rendición de cuentas y, quizás lo más importante

“En el centro de la libertad y la democracia sindical está la posibilidad de tener negociación colectiva auténtica”.

Sostuvo la secretaria Alcalde Luján en este Conversatorio, que el corazón de la Reforma Laboral “implica que haya equilibrio y que cuando se revisen los salarios cada año y los contratos internos cada dos años, se tenga la certeza y la certidumbre de que ambas partes están bien representadas; que los empresarios van a negociar, pero también los sindicatos representan y velan por los intereses de los trabajadores".

Refirió que también se avanza en el cambio de modelo de justicia. Se cierran las juntas de conciliación y arbitraje y se abre un modelo más cercano a los trabajadores y a los empresarios.

Comentó que en las primeras ocho entidades federativas donde ya se puso en marcha el nuevo modelo de justicia, se abrieron los Centros de Conciliación y los Tribunales laborales pasaron a formar parte del Poder Judicial.

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Detalló que a través de los juicios orales se reducen los conflictos. Antaño el promedio de duración para resolver un juicio era de 6 años. Pero ahora, en las 8 entidades donde se opera el nuevo modelo, se logró que el 70% de las controversias se resuelvan a través de la conciliación.

Y el otro 30% que llega a los Tribunales laborales se tarda no más de tres meses en resolverse los conflictos.

La titular de la STPS, manifestó su beneplácito de que “aún frente a la pandemia del Covid-19, el empuje del T-MEC es fundamental porque será el empuje para empezar a construir sociedades más igualitarias, más justas, en donde se respeten los derechos de los unos y los otros”.