En la última década, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) firmó contratos con Moody’s, Fitch Ratings y Standard & Poor’s por 6.6 millones de dólares para que calificaran la posibilidad del gobierno mexicano de incumplir sus obligaciones financieras.
Desde 2009, el año de la crisis, México ha pagado a Fitch Ratings 1.7 millones de dólares, a Standard & Poor’s, 1.9 millones y a Moody’s, 2.8 millones, de acuerdo con las copias de los contratos obtenidos por El Sol de México mediante una solicitud de transparencia.
Los contratos llevaron la firma de los titulares de la Unidad de Crédito Público de Hacienda Juan Pablo Newman, hoy director de la Afore XXI de Banorte; Alejandro Díaz de León, actual gobernador del Banco de México; y Gerardo Rodríguez Regordosa, quien ahora es director de Inversiones de Mercados Emergentes en BlackRock, el fondo de inversiones más grande en el mundo.
Las calificadoras de riesgo crediticio se comprometieron a evaluar los títulos de deuda pública, préstamos bancarios sindicados, certificados de depósito, y otras emisiones del gobierno mexicano, con base en la información que les proporcione.
“Usted garantiza que toda la información que usted o sus agentes proporcionen a Fitch, a partir de la fecha en que se proporciona dicha información, no contiene una declaración falsa de hechos”, precisa el contrato anual de Fitch Ratings que venció el 24 de abril de 2019 y por el cual México pagó 280 mil dólares El gobierno “reconoce que Fitch se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de subir, bajar, colocar en Rating Watch (observación) o retirar cualquier calificación en cualquier momento por cualquier motivo que considere suficiente. En tales circunstancias, no se devolverán los honorarios pagados”, agrega ese documento.
“No estaremos obligados a verificar, auditar o validar independientemente dicha información. Usted garantiza que ha llevado a cabo todas las diligencias debidas razonables con respecto a dicha información y que toda la información es verdadera, precisa, completa y no engañosa", agregan los contratos con Moody’s para los años 2018, 2019 y 2020, con un costo de 300 mil dólares por cada uno.
El 5 de junio, Fitch Ratings degradó la nota de México de 'BBB+' a' BBB' con perspectiva estable, para dejarla así a dos escalones de caer en grado especulativo; ese mismo día, Moody´s modificó la perspectiva de la nota a negativa desde estable, pero dejó la calificación en A3.
Los ajustes resultaron de una combinación de factores que incluyeron el incremento de riesgo en las finanzas públicas derivado del deterioro financiero en Pemex y una creciente debilidad económica ante las amenazas y tensiones en materia de comercio exterior.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha señalado que las calificadoras no han sido profesionales, pero que mantendrá los contratos con las tres.
“Estamos pagando a las calificadoras como 250, 300 millones de dólares al año, a tres, podríamos tener dos, que es lo que se pide en el mundo de las finanzas, no tres; sin embargo, decidimos mantener las tres y se paga un servicio”, dijo en su conferencia del 16 de agosto.
Joel Martínez, director de Visor Financiero, recordó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y otras instancias, indican que cualquier emisor de deuda, público o privado, debe tener al menos dos calificadoras.
“Lo ideal, si eres gobierno, es que tengas a las tres calificadoras, que puede no gustarte lo que te digan y puede ser hasta cuestionable, pero finamente son las que califican y que siguen los accionistas que compran papeles o deuda”, refirió.
Las calificadoras, agregó, han cometido errores como el hecho de dar notas de AAA (las más altas) a los bonos hipotecarios de Estados Unidos hace más de una década, los cuales quebraron y causaron la recesión mundial de 2008-2009.
En los contratos con el gobierno de México, las calificadoras subrayan que sus notas no son una sugerencia o recomendación para comprar, vender o hacer una inversión con el emisor al que revisan. Martínez dijo que esta condición se debe a que en 2011, luego de la recesión, Standard & Poor’s rebajó la calificación de Estados Unidos por primera vez en 70 años, de AAA a AA+, por lo que el gobierno de ese país demandó a la calificadora penalmente por fraude.
José Antonio Romero Tellache, investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, comparó a estas firmas con el buró de crédito, ya que se les paga para emitir un juicio que se pueda tomar en cuenta por los inversionistas a la hora de inyectar capital en el país. "Son un mal necesario", dijo.
En abril, senadores de Morena amagaron con una iniciativa para que la CNBV esté obligada a decretar la revocación a las calificadoras cuando sus evaluaciones atenten, de manera deliberada, contra la estabilidad financiera. Esto, luego de que S&P bajó de estable a negativa la perspectiva de la nota de Pemex.
