El Comité Técnico del Fideicomiso de ProMéxico se reunió este martes para definir el cierre de las oficinas del organismo en el extranjero.
"Se reunieron para redactar un documento que les permita desalojar las oficinas en el extranjero, porque no pueden hacerlo así nada más", comentó a El Sol de México José Santamarina, quien hasta principios de enero se desempeñaba como director de Internacionalización.
De acuerdo con el exempleado, para poder desalojar las oficinas de ProMéxico en el extranjero y donar el mobiliario a las embajadas y consulados debe existir un documento que avale la extinción del organismo, el cual debe ser un decreto presidencial, pero ante la falta de éste, el Comité Técnico ya trabaja en un texto que les permita esta acción.
La reunión, de carácter privado y "confidencial", se realizó en la sede central del organismo, en el número 1679 del Camino a Santa Teresa, al sur de la Ciudad de México, mientras un grupo de extrabajadores se manifestaba por la falta de información y resolución a un conflicto laboral que amenaza con crecer.
"No puedo decir nada de esto. Nos pidieron que la reunión fuera confidencial", apenas alcanzó a decir Fernando Hoyo, director general adjunto de Fomento en Bancomext al salir de la junta.
De la sede salió también el presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores, Gerardo Tajonar, quien a paso veloz respondía que él no era el indicado para declarar sobre la reunión.
Desde el anuncio del nuevo gobierno del cierre de las 46 oficinas de ProMéxico en el extranjero los detalles han sido pocos. Sólo se ha informado que la promoción de México como destino de inversión recaerá ahora en las secretarías de Economía y de Relaciones Exteriores.
Tras la junta, personal del organismo dijo a El Sol de México que la secretaría encabezada por Graciela Márquez será la que informe respecto al cierre de ProMéxico, pero hasta el cierre de esta edición no se tuvo respuesta de la dependencia.
En tanto, los ex empleados advierten que habrá más denuncias por despidos (hasta el momento llevan entre 150 y 200) y sobre la posibilidad de radicalizar sus protestas. Santamarina dijo que los empleados seguirán acudiendo a la Junta de Conciliación y Arbitraje, además de otras instancias como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por la forma en la que fueron cesados. "Desde el primer día laboral del año nos dijeron que ya no nos presentáramos, pero no nos dieron a firmar ningún documento ni nos dieron ningún finiquito. Sólo nos dieron de baja del Seguro Social y nos retiraron los ingresos", contó.
Los ex empleados llevan dos meses sin percibir un sueldo ni un aviso de cese de labores. En este tiempo, dicen, han buscado a Faustino Cruz, director de ProMéxico, pero no han tenido respuesta, por lo que piensan acudir directamente con la secretaria de Economía.
Santamarina subrayó que esta situación afecta a 450 trabajadores en todas latitudes.
