El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador podrá echar mano de una bolsa de alrededor de 300 mil millones de pesos correspondientes a un máximo de 281 fideicomisos del gobierno federal, diseñados para atender emergencias en distintos rubros, proyectos productivos o sectores vulnerables, sin que tenga que especificar el destino de los recursos adicionales.

El jueves por la noche, el gobierno federal emitió el decreto por el que el Presidente de la República ordena la extinción o terminación de los fideicomisos y mandatos públicos y análogos.

¿Qué es el decreto para la extinción de fideicomisos públicos que emitió AMLO?

Estos instrumentos jurídicos representan un monto 300 mil millones de pesos, y la emisión del decreto es una medida que le otorga el control de los recursos, pero al mismo tiempo provoca dudas porque no se sabe a qué áreas del gasto público se destinarán los recursos, qué fideicomisos desaparecerán ni cuánto dinero se reorganizará para las finanzas públicas del país, coinciden distintos analistas.

Según Carlos Ramírez, expresidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), los fideicomisos son figuras jurídicas que permiten generar fondos de emergencia para fines específicos y su desaparición es un acto de autoritarismo, que promueve la discrecionalidad del gasto.

El decreto emitido, afirma, es una señal más de un Presidente que no encuentra límites para su actuar, y que toma decisiones que en el pasado simple y llanamente nadie se atrevió a hacer.

“Esto se llama falta de certeza jurídica y manda señales de que gobierna a golpe de decretazos y consultas ilegales, es un mensaje de que no hay límites”, advierte en entrevista con El Sol de México.

“Los fideicomisos que se han venido generando a lo largo de los años tienen un propósito y se guiaron bajo una figura jurídica para que no puedan ser usados discrecionalmente sino destinados a un propósito determinado. Cada fideicomiso tiene una historia de por qué se creó, cuánto dinero tiene, y qué propósito persigue”, aclaró.

Sarahí Salvatierra, investigadora de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, señala que si bien estos instrumentos han servido para ejercer recursos públicos con poca transparencia, con la medida del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se corre el riesgo de terminar con el apoyo a personas de grupos vulnerables que sean beneficiarias de estos mecanismos.

De acuerdo con un análisis de la Cuenta Pública, existen 335 fideicomisos de entidad no para estatal, que cuentan con un monto total de 905 mil 907 millones de pesos, de los cuáles se pueden extinguir 281.

AUSTERIDAD REPUBLICANA

El presidente López Obrador explicó que el decreto que emitió sobre la extinción de fideicomisos generará ahorros entre 250 mil y 300 mil millones de pesos.

En su conferencia de prensa matutina de ayer, el Presidente aseguró que la desaparición de esos fideicomisos era necesaria, pues se alínea a la Ley de Austeridad Republicana.

"Teníamos que hacerlo porque nos lo demanda la Ley de Austeridad Republicana. La ley vigente plantea la extinción de fideicomisos y fondos que no se consideren estratégicos o que requieran modificaciones legales. Hay fideicomisos que sí están creados por ley, esos no se pueden eliminar por decreto, pero hay muchos que están constituidos desde hace tiempo por acuerdos o por decretos del Ejecutivo, acuerdos de Hacienda o decretos de los presidentes y son muchos, proliferaron, vamos a decir que cada dependencia, no todas, pero sí algunas, tenían sus guardaditos y lo que se está haciendo ahora, porque es un mandato de la Ley de Austeridad Republicana, es concentrar todos estos recursos en Hacienda y Hacienda los va a distribuir", comentó.

APUNTALAR PEMEX

El presidente sugirió que esos recursos se dirijan a cuatro objetivos principales. El primero de ellos, dijo, fortalecer los programas sociales para proteger a los pobres; el segundo objetivo, ayudar a la reactivación económica, como créditos productivos, apoyar a la industria de la construcción, y generar muchos empleos.

"Lo tercero es apuntalar a Pemex por la caída en los precios del petróleo. Y el cuarto concepto es pagar deuda", mencionó el mandatario.

"Les diría que a este concepto vamos a destinar la mayoría de los recursos, porque no queremos que se incremente la deuda, queremos hacer todo lo posible para mantener el compromiso, seguir cumpliendo de que no haya aumento en la deuda pública".

DUDAS

“El decreto es importante, pero deja dudas de cuántos recursos se van a recabar.

En ese sentido, resulta importante contar con la lista de cuáles son estos fideicomisos que están considerando para saber cuáles serán las afectaciones”, comentó Salvatierra.

Según Gonzalo Monroy, director general de la consultoría GMEC, la lista de fideicomisos puede incluir fondos de pensiones de trabajadores del sector público.

“Todos los programas de apoyo al campo se los agandallan, hay fondos chiquititos, como el Fondo Sectorial Conacyt-Sener. Hay otros grandes como el Fideicomiso Carretero, que sirve para dar garantías”, mencionó.

Consideró que el gobierno se apropia de 300 mil millones de pesos de golpe para un objetivo supuestamente vinculado a la emergencia sanitaria, pero que deja muchas dudas sobre si los recursos efectivamente serán usados para la emergencia sanitaria o para cubrir un hueco fiscal, a la luz de la caída en la recaudación y el desplome en los precios del petróleo.

“Viene un hueco fiscal y echa mano de dinero que no es suyo, jurídicamente tiene la facultad de tomarlos, pero no cumple su propósito y los mezcla con el presupuesto general”, precisa Carlos Ramírez.

BOQUETE FISCAL POR COVID-19

De acuerdo con los Precriterios Macroeconómicos para 2021, un documento presentado por la SHCP el miércoles pasado, la crisis por el coronavirus, sumada a la caída en los precios internacionales del petróleo, causarán un boquete fiscal de 297 mil millones de pesos para este año.

En el documento, Hacienda señala que este hueco será compensado con 128 mil 544 millones de pesos del FEIP y 160.5 mil millones del dinero obtenido por las coberturas petroleras, lo que da un total de 289 mil millones de pesos.

Para finales del año, la SHCP prevé que este fondo se quede con una bolsa de sólo 30 mil millones de pesos, casi 90 por cien- to menos de los que tenía hace dos años, esto debido a los boquetes fiscales de 2019 y 2020. En este sentido, Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto Público de México Evalúa, calificó de “preocupante” el hecho de que el país se quede con tan poca liquidez en el corto plazo, ya que esto no le permitirá afrontar alguna contingencia futura. “Si tiembla o los ingresos públicos terminan siendo menores a lo pensado hoy, no tendremos liquidez inmediata”, advirtió.

Por ello, indicó que México debe buscar endeudarse antes de gastarse los fondos que tiene. “El país tienen acceso a créditos del FMI y del tesoro americano, debe considerar tomarlos por que mañana pueden agotarse cuando muchos países los hayan tomado”, apuntó.

Sin embargo, López Obrador dejó claro que el país no recurrirá a créditos del FMI, pese a que México tiene una línea de crédito flexible preaprobada por 61 mil millones de dólares que está vigente por dos años y fue ratificada en noviembre del año pasado, dinero suficiente para financiar siete refinerías como la que pretende construir en Dos Bocas, Tabasco.

Salvatierra mencionó que de extinguir alguno de estos fideicomisos se descobijaría a grupos vulnerables. “La mayoría de los recursos están en los fideicomisos de estabilidad financiera, que no encuentran en este marco de extinción, pero puede ser que algunos que sí están tengan pocos recursos con los que sí se puede afectar

FIDEICOMISOS EN RIESGO

El decreto de López Obrador pone en riesgo fondos programados para ofrecer recompensas por información que lleve a la captura de las personas más buscadas o incluso el dinero que se destina para la promoción de la cultura. Uno de ellos es el Programa de Recompensas que ofrece la Fiscalía General de la República (FGR) para la captura de capos de la droga, secuestradores o tratantes, bajo el Mandato de Administración para Recompensas de la Fiscalía, sería otro instrumento eliminado.

Al cierre del año pasado, la dependencia contaba con 287 millones 47 mil 464 pesos para repartir recompensas.

El sector cultural del país alertó sobre el riesgo de que desaparezca el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (Fonca) Una fuente cercana al Fonca dijo a El Sol de México que la institución siempre ha tenido el problema de que su figura jurídica es singular, pues no pertenece a la Secretaría de Cultura, pero tampoco tiene una estructura orgánica, que es la que lo salvaría en este caso. El área de comunicación del Fonca no quiso hacer un pronunciamiento oficial, pero se sabe que están preparando la argumentación para ser considerados dentro de las excepciones que contempla el decreto y que tiene hasta el 15 de abril para defenderse.

Con información de Alejandro Castro, Nurit Martínez, Juan Luis Ramos, Elena Michel