El gobierno federal mantiene en su estructura 423 direcciones generales adjuntas que, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador, serían desocupadas antes del 31 de mayo.
“Ya no hay las direcciones generales adjuntas que se crearon, pero al por mayor en el gobierno de Felipe Calderón; o sea, creció muchísimo el aparato burocrático y sobre todo arriba”, dijo el mandatario el 25 de junio.
La plataforma Nómina Transparente de la Secretaría de la Función Pública (SFP) actualizada al 15 de junio indica que aún están activas 423 plazas de ese tipo, por las que se pagan en total 30.6 millones de pesos al mes por concepto de sueldos netos (después de impuestos).
“Se eliminarán las plazas con nivel de Dirección General Adjunta que fueron creadas injustificadamente desde el gobierno de Felipe Calderón”, señaló el punto seis del memorándum de austeridad del 3 de mayo firmado por el Presidente, en el que se estableció una serie de medidas de “observancia obligatoria” para la Administración Pública Federal con el objetivo de generar ahorros.
El documento apuntó que la reestructura y el recorte de estos puestos debía darse antes del 31 de mayo y notificar a las secretarías de Hacienda y de la Función Pública la devolución de las plazas.
La SFP respondió a El Sol de México que está en proceso la revisión del avance del mandato con el resto de las dependencias, aunque no dio fecha de cuándo concluirá el mismo.
Además, indicó que de las 14 plazas de Dirección General Adjunta que aún existen en su estructura, 12 fueron creadas antes del gobierno de Felipe Calderón, por lo que no están sujetas al memorándum, y la otras dos permanecen porque fueron debidamente justificadas por sus funciones para combatir la corrupción.
De las 15 dependencias, 10 respondieron a este diario para argumentar que están en proceso de eliminar tales plazas o que el proceso de reestructura concluirá con la publicación de nuevos reglamentos en el Diario Oficial de la Federación en los siguientes meses.
Gobernación y Hacienda, ambas con la mayor cantidad de direcciones de este tipo, además de Cultura, Medio Ambiente y Salud, no respondieron.
Las secretarías de Economía (SE) y del Trabajo y Previsión Social (STPS) señalaron que las plazas ya existían antes de 2006 y otras se justifican porque tienen responsabilidad jurídica elemental para su funcionamiento.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) asegura que ya no existen las 43 direcciones generales adjuntas que tenía en su organigrama, aunque la información en la plataforma de la SFP indique lo contrario.
La Secretaría del Bienestar, con 15 direcciones a las que paga un salario promedio de 68 mil 400 pesos, informó que terminarán de extinguirse una vez que se publique el nuevo reglamento de la dependencia, lo que prevé ocurra este mes.
La Secretaría de Energía, que cuenta con 17 plazas de este tipo, con un sueldo neto para cada una de 77 mil 482 pesos mensuales, sólo respondió que está en proceso de estructura.
La Cancillería informó que desde el 1 de julio conserva sólo 12 plazas con ese nivel (de 60 que se muestran en la Nómina Transparente), las cuales tienen un salario promedio de 70 mil pesos mensuales y que quedarán plasmadas en el nuevo reglamento interior de la dependencia debido al nivel de responsabilidad que tienen. La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) respondió que de las cuatro plazas que aparecen en el portal de la SFP, dos se desocuparon recientemente y las otras desempeñan actividades sustantivas ligadas al cumplimiento de las atribuciones contenidas en el reglamento interior vigente, mismo que está en proceso de reestructura.
En tanto, la Secretaría de Agricultura informó que las plazas de ese tipo con las que cuenta (ocho con un sueldo de 62 mil 500 pesos, según el portal de la SFP) fueron creadas antes del sexenio de Calderón, pero que analiza su permanencia.
Finalmente, la Secretaría de Educación Pública indicó que las 18 direcciones generales adjuntas y por las que eroga 1.3 millones de pesos al mes, fueron creadas antes del citado sexenio, por lo que no están obligados a desaparecerlas, y en caso de que se llegaran a eliminar se pondría en riesgo la operatividad de diversas áreas de la dependencia.
