En respuesta a la carta que envió la Barra de Abogados de Estados Unidos al presidente Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno federal rechazó restringir el debido proceso de los contribuyentes y su oportunidad de recibir un juicio justo.
"El Gobierno de México (...) reconoce, promueve y celebra las funciones de los abogados que asesoran a los contribuyentes en cuestiones impositivas. No sólo los considera importantes y trascendentes, sino necesarios para el Estado de derecho", se lee en un posicionamiento signado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
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Además, la vocería de la dependencia a cargo de Arturo Herrera aseveró que la acusación respecto a que la Procuraduría Fiscal de la Federación inició o amenaza con iniciar investigaciones penales contra los contribuyentes como medida de presión, "es falsa y sin sustento alguno".
"La referida Procuraduría ha iniciado investigaciones penales porque es su obligación hacerlo cuando identifica elementos constitutivos de algún delito fiscal, y así lo seguirá haciendo, en cumplimiento" de la ley, aseguró la SHCP.
Defendió que la Procuraduría Fiscal no amenaza, sino que denuncia conductas "socialmente reprobables" y presenta su argumento ante un juez.
Así como que valora si algún contribuyente imputado penalmente por la comisión de un delito fiscal puede celebrar un acuerdo reparatorio, comprometiéndose a corregir su situación fiscal.
"Las propuestas de autocorrección para celebrar este tipo de acuerdos se presentan a iniciativa del propio contribuyente. Si la Procuraduría Fiscal rechaza la solicitud, el proceso penal continuará conforme a todas las reglas establecidas en el Código Nacional de Procedimientos Penales", acotó.
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Indicó que las reformas legales que entraron en vigor recientemente, y a las que hace referencia la Barra de Abogados Americana (ABA), permiten a la Procuraduría realizar acusaciones penales en contra de empresas o entidades que hayan cometido delitos fiscales, al igual que acusaciones penales por delincuencia organizada, cuando se trate de un grupo de tres o más personas.
Por su parte, detalló que también procederá contra abogados o asesores fiscales que tengan como propósito planear o ejecutar un acto de defraudación fiscal, "dado que la Constitución defiende y garantiza el libre ejercicio de las profesiones, siempre y cuando ese ejercicio sea legal".
"La Procuraduría Fiscal de la Federación aplicará todo el rigor de la ley en contra de quienes pretenden burlar sus obligaciones fiscales, pero cualquier acusación se realizará en estricto apego a las normas constitucionales y los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por México", concluye la aclaración a la Barra de Abogados estadounidenses.
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