La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) afirmó plena disposición de suscribir este año convenios para entregar recursos extraordinarios con el gobierno de Chihuahua, pero advirtió que primero el gobierno de esa entidad deberá “resolver” la controversia constitucional que anunció que llevará a cabo en contra de este tipo de acuerdos.
"Los recursos que no corresponden por ley no se pueden politizar, la Secretaría de Hacienda es institucional, se rige conforme a las normas aplicables y eso es lo que hemos venido haciendo y lo que se ha venido aclarando. No se puede extorsionar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por recursos que no corresponden conforme a la ley", dijo la subsecretaria de Hacienda, Vanessa Rubio Márquez.
Por su parte, el subsecretario de Egresos, Fernando Galindo, ratificó que la SHCP “está y le ha cumplido a los chihuahuenses”, por lo que insistió en que está en manos del gobierno de esta entidad que sigan este año dichos convenios para la obtención de recurso públicos adicionales.
“En ningún momento se ha condicionado la entrega de los recursos que le corresponden al gobierno del estado de Chihuahua, y la Secretaría de Hacienda siempre ha estado y estará a favor de la transparencia y la rendición de cuentas”, afirmó el funcionario en conferencia de prensa.
El gobernador de esa entidad, Javier Corral, advirtió que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar una controversia constitucional en contra de la Federación por obstaculizar la entrega de recursos a Chihuahua, en el marco, sostiene el mandatario, como represión política por la aprehensión de Alejandro Gutiérrez, ex secretario adjunto del PRI en una prisión de esa entidad, por presunto desvió de recursos públicos.
Sin embargo, Fernando Galindo dejó en claro que Hacienda está abierta a que en este año se continúe la suscripción de acuerdo entre los dos órdenes de gobierno pero insistió en que primero debe “resolverse” el tema de la controversia constitucional mencionada.
“La Secretaría de Hacienda y Crédito Publico manifiesta que para estar en posibilidad de firmar convenios durante este año, para otorgar apoyos extraordinarios al gobierno del estado de Chihuahua, se debe resolver, primero, la revisión judicial y/o la controversia constitucional que el gobierno del estado de Chihuahua ha dicho públicamente que llevará a cabo sobre la licitud y viabilidad de este tipo de convenios”, comentó Fernando Elizondo en la sede de Palacio Nacional.
En compañía de la subsecretaria de Hacienda, Vanesa Rubio, el funcionario ratificó en que en 2017, la SHCP transfirió al estado de Chihuahua, en tiempo y forma, todos los recursos que por Ley le correspondían.
“Recibió 43 mil 056 millones de pesos por concepto de Participaciones y Aportaciones Federales; lo que implicó dos mil millones de pesos adicionales respecto al Presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados; inclusive, para este año, el estado estará recibiendo tres mil millones de pesos adicionales a lo aprobado para 2017, con lo cual llegará a 44 mil 106 millones de pesos”, informó.
Recordó que hacia finales del año pasado, la SHCP y el gobierno de Chihuahua suscribieron cuatro convenios para la entrega de recursos adicionales, dos de los cuales (por 35.3 y 700 millones de pesos), no fue posible proceder por falta de disponibilidad presupuestal, otro (de 44.8 millones), no procedió porque el estado entregó una cuenta bancaria errónea y el cuarto (por 20.4 millones) sí procedió y fue pagado el 29 de diciembre de 2017.
Sobre este punto, el subsecretario recordó que cada entidad federativa es responsable de llevar el registro completo y hacer transparente el destino de los recursos federales que se le transfiere y que la Auditoría Superior de la Federación es, conforme al Artículo 79 de la Constitución Política, quien tiene la facultad de fiscalizar directamente los recursos federales transferidos a las entidades federativas.
“En la Secretaría de Hacienda hemos actuado y seguiremos actuando con estricto apego a la Ley; rechazamos las interpretaciones sesgadas que pretenden confundir a la población sobre un tema que es exclusivamente técnico, jurídico y financiero”, afirmó.
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