Si en estos momentos alguna dependencia de la Administración Pública Federal necesitara pagar servicios básicos de telefonía, Internet, limpieza, agua, energía eléctrica o la renta de sus inmuebles, no podría hacerlo. Lo mismo sucede si hoy requirieran comprar equipo de cómputo, artículos de limpieza o hasta una pluma.
La razón es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) congeló las partidas 2000 y 3000 de todas las dependencias gubernamentales —correspondientes a materiales y suministros y servicios generales— hasta que estas cumplan de manera “urgente y categórica” con el decreto presidencial de recortar en 75% su presupuesto disponible a dichas partidas.
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El oficio, fechado el 22 de mayo y dirigido a todos los titulares de las Unidades de Administración y Finanzas, ordena hacer los recortes “considerando que para los capítulos 2000 y 3000 solo se podrán realizar movimientos presupuestales cuando se dé cumplimiento a la medida de austeridad señalada en el presente escrito”.
La medida de austeridad que el oficio refiere es el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, publicado el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación, que ordena a todas las dependencias del gobierno federal no ejercer el 75% del presupuesto disponible para lo que resta del año de las partidas de servicios generales y materiales y suministros.
El decreto incluye otras medidas bajo el argumento de redirigir los recursos para hacer frente a las consecuencias sanitarias y económicas por la pandemia de Covid-19.
“Una vez que los ejecutores del gasto hayan otorgado puntual observancia a la medida de austeridad establecida en el Decreto, a través de las modificaciones a sus presupuestos, respecto de la reducción del 75% de su presupuesto disponible en los capítulos de gasto 2000 y 3000, podrán ejercer los recursos remanentes con cargo a las partidas que corresponden a dichos capítulos”, agrega el oficio firmado por la subsecretaria de Egresos, Victoria Rodríguez Ceja, y la Oficial Mayor de Hacienda, Thalía Lagunas Aragón.
Parálisis sí o sí
El oficio de Hacienda es aplicable a todo el Poder Ejecutivo, incluyendo organismos descentralizados, órganos desconcentrados, empresas paraestatales y fideicomisos públicos, salvo la Secretaría de Salud, la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.
Aun si las dependencias lograran la hazaña de cumplir el recorte, esto significaría su parálisis.
“Este ajuste va a parar el gobierno y va a incidir en la productividad, eficiencia y eficacia de las acciones que lleva a cabo, muchas de esas son en servicio y atención a la gente”, advierte Mario Di Costanzo, ex titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef).
Y pone el ejemplo de la dependencia que encabezaba. “Condusef renta el edificio donde está. ¿Cómo le voy a bajar 75% a una renta que ya tengo acordada en un contrato? ¿Cómo le vas a bajar 75% a un contrato de proveeduría de Internet o de tecnologías de información cuando esto lo haces en términos anuales, a veces en términos plurianuales? Entonces, ¿qué vas a hacer?”.
El también economista enumera muchas de las funciones que se verían afectadas: camiones de reparto de leche de Liconsa que no podrían circular por falta de combustible, pasaportes que no podrían imprimirse por una reducción en gasto de papel, colegios públicos sin suministros escolares o consulados en Estados Unidos que no podrían proteger a los mexicanos en el exterior por falta de los insumos más básicos.
De acuerdo con el Clasificador por Objeto de Gasto para la Administración Pública Federal, la partida 2000, correspondiente a materiales y suministros, comprende gasto en materiales de oficina, emisión de documentos, materiales impresos, de limpieza, productos alimenticios, materiales de construcción, productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio, combustibles y suministros para seguridad, entre otros.
Mientras que la partida 3000, de servicios generales, incluye pagos de servicio de gas, agua, energía eléctrica, telefonía, Internet, arrendamiento de inmuebles, además de servicios legales, de contabilidad, de auditoría, de seguridad y vigilancia, bancarios, de traslado y viáticos, etcétera.
“Aquí lo importantes es que como ya venías de un proceso de reducción de gasto público, ya no estás cortando la grasa, sino el músculo, o sea, ya estás incidiendo sobre la productividad misma y eficiencia del gobierno. Y eso es lo grave: una cosa es que quites excesos, como ya se habían quitado, y otra cosa es que estés incidiendo en la productividad y eficiencia gubernamental”, explica el ex funcionario.
“Si ellos creen que todavía hay áreas donde hay dispendio de gasto, pues que hagan los recortes con cuidado y no parejo, porque hacen pagar a justos por pecadores”.
Y Eréndira Sandoval pide reembolso
Dos días antes de que Hacienda enviara el oficio a todas las dependencias gubernamentales, Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, había solicitado a Lagunas Aragón información precisa sobre los montos disponibles del presupuesto al 15 de mayo, en los capítulos 2000 y 3000, de todas las entidades del gobierno federal.
De esta forma, la Secretaría de la Función Pública será la encargada de verificar que el decreto presidencial se cumpla, se lee en el oficio FP/100/ 274 / 2020 firmado por Sandoval.
La Secretaria además requirió a la SHCP la cantidad de recursos comprometida en las partidas mencionadas hasta el 31 de mayo, con el fin de que los servidores públicos “realicen las devoluciones en los montos instruidos”.
“Es una locura. ¿Cómo le hago para romper un contrato? Porque yo no le puedo decir al dueño del edificio: ‘oye, fíjate que te voy a rentar nada más una cuarta parte del edificio’… Es verdaderamente inoperante”, dice Mario Di Constanzo.
El tijerazo al presupuesto, agrega Di Constanzo, fomentará más la recesión económica. “El gobierno debería estar gastando para volver a mover la economía… me parece que estamos haciendo justo lo contrario de lo que se debería de hacer”, concluyó.
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