a iniciativa privada ha frenado inversiones por 35 mil millones de dólares en el sector energético en México debido a la falta de certeza jurídica, informó Roger González, presidente de la Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
Se trata de recursos programados para 128 proyectos en el ramo que sólo están en espera de que se destraben permisos y que haya certidumbre regulatoria para comenzar con estas inversiones, indicó el directivo durante su participación en el evento Energy Innovation Days.
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Agregó que una vez se dé marcha a estos proyectos podrían crearse “mágicamente” entre 100 mil y 150 mil empleos en todo el país.
“Los proyectos están listos para arrancar en el momento en que se destraben los permisos y que se dé certeza jurídica”, comentó González.
Durante el foro, Verónica Irastorza, directora asociada de NERA Economic Consulting, recordó que las inversiones en el sector energético son cuantiosas y de largo plazo, por lo que se requiere certidumbre.
“Sin el gobierno no se puede dar la transición energética, porque es importante la certidumbre que pueda dar un país, sin esta certidumbre es imposible que se den estas inversiones”, apuntó.
Las obras detenidas, abundó Roger González, abarcan todas las áreas del sector energético, como la generación, transmisión y almacenamiento de energía e hidrocarburos.
En total, la iniciativa privada presentó al gobierno federal desde el año pasado 300 proyectos de energía en los que podría invertir 100 mil millones de dólares para crear unos 500 mil empleos directos.
Las 128 obras que mencionó son las que ya están listas para iniciar, pero que se frenaron debido a los cambios regulatorios promovidos desde el gobierno federal.
“Hemos visto la caída en la inversión, el impacto de la regulación energética de los últimos meses que ha repercutido en la falta de confianza del inversionista, incluso en otros sectores más allá del sector energético”, destacó González.
El representante recordó que los cambios regulatorios promovidos por la administración federal ha provocado que los empresarios acudan a los juzgados para proteger sus inversiones.
Destacó que sólo la reforma a la Ley de Industria Eléctrica, que se publicó en marzo, derivó en más de 250 amparos promovidos y 180 suspensiones.
Este martes el juez Juan Pablo Gómez Fierro concedió tres amparos más contra de la Ley de Hidrocarburos a las empresas Petrotal, Servicio Villa de Arista y Tiger Fuel, con lo que sumaron ocho las suspensiones concedidas contra la legislación.
El magistrado concedió el viernes la primera suspensión provisional contra algunos de los artículos modificados en la reforma a Ley de Hidrocarburos, como respuesta a amparos promovidos por Grupo Base Energéticos, Pharaoh International Products, Antluc, Distribuidora de Combustibles Mil y Dalia Pilar Lamarque Picos.
De acuerdo con Gómez Fierro, los artículos de la ley que establecen que los permisos relacionados con el sector hidrocarburos pueden ser cancelados por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Secretaría de Energía (Sener) y que las instalaciones de permisionarios ocupadas temporalmente, son contrarios a la competencia.
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RESPONDE SENER
Al respecto, la titular de la Sener, Rocío Nahle, dijo que el gobierno acatará la decisión del juez pero advirtió que impugnarán las decisiones tomadas por el magistrado.
“La Sener va acatar; sin embargo, vamos a continuar en las instancias correspondientes para eliminar dicha suspensión”, dijo en su cuenta de Twitter.
Nahle adelantó que de ser necesario, harán cambios legales que permitan “garantizar el adecuado balance energético y erradicar prácticas ilícitas en el país”, como suponía la reforma publicada el 4 de mayo.
“El poder legislativo hizo modificaciones a la ley de hidrocarburos para evitar prácticas de contrabando y venta ilegal de combustibles, el cual es un delito en México”, recordó.
En una decisión alternativa, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite una controversia constitucional contra la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, interpuesta por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
Sin embargo, negó la suspensión de la norma al considerar que la controversia trata sobre la supuesta invasión de facultades.
La Corte consideró que afecta su esfera de competencias, al impedirle garantizar la competencia y libre concurrencia en este sector.
El argumento de la Cofece es que parte del contenido de la norma es contrario a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que ordenan un régimen de competencia en los mercados de generación y suministro de electricidad.
Anteriormente, la Cofece presentó una controversia constitucional en la SCJN, con la que frenó la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, que daba prioridad a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el despacho de energía respecto a las empresas que operan energía renovable.
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