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Desde hace varias semanas, el sector privado tiene identificados mil 600 proyectos de infraestructura para realizarse durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero después de varias reuniones el plan aún no está completo.
Se trabaja desde hace varias semanas y la reunión de este lunes fue para seguir trabajando en el tema, refirió el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), cuyo presidente, Carlos Salazar Lomelín, acudió este lunes a Palacio Nacional, acompañado de Antonio del Valle Peronchena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios, y el multimillonario Carlos Slim.
Al encuentro privado de más de dos horas asistió el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, pero también los secretarios de Hacienda, Arturo Herrera, de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y de Economía, Graciela Márquez.
Las reuniones han sido frecuentes desde que a finales de agosto el empresario Carlos Slim soltó el dato: “Hay mil 600 proyectos de inversión, de infraestructura, de pura infraestructura. Entonces, hay un gran campo de inversión". Lo dicho por el magnate mexicano al anunciarse el acuerdo entre el gobierno y las empresas por el tema de los gasoductos aún no se materializa, aunque la idea, según lo ha dicho Salazar Lomelín es arrancar en 2020.
De acuerdo con uno de los hombres negocios presentes en una de las últimas reuniones, en lo inmediaro el plan se centrará en 100 proyectos, y para ello se ha pedido a cada una de las 10 empresas involucradas presentar la misma cantidad de propuestas de obra pero bajo el modelo de concesión porque, eso se les avisó ya, no habrá Asociaciones Público Privadas (APP).
El presidente López Obrador se lanzó en las últimas semanas en contra del modelo. Lo hizo el lunes 23 de septiembre, cuando criticó los contratos otorgados en el “periodo neoliberal” y “por los cuales el gobierno del estado o el gobierno federal tienen que pagar muchísimo dinero”.
Ayer, el Ejecutivo, regresó al tema al señalar que bajo este sistema “se privatizaron las construcciones y los servicios de salud, un mecanismo que se aplicaba en donde se comprometían las participaciones estatales y municipales”.
En la parte legislativa, el presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, el morenista Alejandro Armenta, confirmó la semana pasada a este diario que ese grupo parlamentario prepara una iniciativa de reforma a la Ley de Disciplina Financiera para Estados y Municipios que busca transparentar los contratos de asociación pública-privada otorgados por los gobiernos de las entidades federativas.
Esto, contó el legislador, ante la sospecha de pactos leoninos firmados por secretarios de Finanzas y gobernadores para ocultar deuda en estados y municipios.
TREN MAYA, CON APP
Aun con las declaraciones del Presidente, el director del Fonatur, Rogelio Jiménez Pons, reiteró hace unos días en una reunión con la Comisión de la Frontera Sur de la Cámara de Diputados, que el Tren Maya se construirá mediante la figura de APP, pero distinta.
“Es una APP por disponibilidad de servicio, esto significa que vamos a entregar la ingeniería básica a los constructores que ganen la licitación y ellos serán los responsables del mantenimiento por 30 años. Además se les va a pagar capital e intereses, y en consecuencia el mantenimiento, pero son los responsables de la calidad de la obra”.
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