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Un juez concedió una suspensión a la española Iberdrola contra una multa de nueve mil 145 millones de pesos (466 millones de dólares) impuesta por la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en mayo, de acuerdo a un documento judicial publicado el lunes.
La CRE había multado a Iberdrola por incumplimientos de contrato para el autoabasto de energía eléctrica.
“Se concede la medida cautelar solicitada para efecto de que no se ejecute el cobro de la multa”, señaló el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México.
El juez informó que, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 138 y 139 de la Ley de Amparo, debe realizar un análisis ponderado de la no afectación del interés social y tomar las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de terceros, entre otros factores.
De esta manera, la empresa de origen español quedó exenta, provisionalmente, de pagar la multa impuesta por el regulador por presunto incumplimientos de contrato para el autoabasto de energía eléctrica.
A finales de mayo, la CRE informó que Iberdrola vendió energía a empresas y socios que no fueron establecidos previamente al momento de la autorización de dicho contrato.
La determinación se dio tras una investigación iniciada en febrero pasado, tras una denuncia e la propia CRE que data de 2020 en la que señaló que Iberdrola hizo negoció con energía generada en la planta de Dulces Nombres, en Nuevo León, a pesar de tener un permiso de autobasto.
“Del periodo de 1 de enero de 2019 al 31 de agosto de 2020, que abarcan los Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) proporcionados por la Administración General de Hidrocarburos del SAT, se advierte que la permisionaria comercializó la energía eléctrica generada por la central vendiéndola a sus socios, en contravención de lo previsto”, indicó el organismo en un fallo.
Al respecto, Iberdrola dijo entonces que las pruebas presentadas por la autoridad no eran válidas para demostrar la venta de energía eléctrica a terceros no establecidos.
Ahora, será el juez federal quien revise el caso interpuesto por la CRE y contra el que a empresa española se amparó.
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