Alejandra Palacios, titular de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), levantó la mano para supervisar las megracompras del próximo gobierno, es decir, aquellas por más de mil millones de pesos.
La funcionaria dejó claro que no es posible centralizar en la Secretaría de Hacienda todas las compras del gobierno como lo plantea el equipo de transición del virtual presidente electo. Sólo el año pasado se adjudicaron 228 mil contratos por un monto de 585 mil millones de pesos.
Palacios, designada presidenta de la Cofece en 2013 y ratificada en 2017 para continuar en el cargo hasta 2021, dio a conocer ayer la Agenda de competencia para un ejercicio íntegro en las contrataciones públicas, que será presentada al equipo de transición, a los próximos legisladores y al Sistema Nacional Anticorrupción.
El documento plantea seis acciones que no requieren reformas legislativas, "se requiere puritito interés político" para llevarlas a cabo a través de decretos presidenciales.
La primera, dijo, es instruir a las secretarías de la Función Pública y de Hacienda para permitir a la Cofece participar en las licitaciones relevantes, es decir, aquellas de más de mil millones de pesos y que el año pasado sólo fueron 37, principalmente del sector salud, transporte, Pemex, Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de obras pública.
La segunda acción que propone el órgano garante de la competencia está relacionada con las compras por montos menores a 500 mil pesos.
“Lo que nosotros estamos proponiendo es la consolidación más que la concentración a través de un mercado virtual de compras, que es una plataforma electrónica que permite la interacción entre proveedores y servidores públicos encargados de la contratación en un ambiente dinámico y competitivo”.
“Más que un Amazon es un tipo eBay, donde tú dices ‘yo necesito tal’ y del otro lado alguien te dice ‘yo lo tengo’”, citó la funcionaria para dejar claro que si bien la propuesta de la Cofece se parece, tiene diferencias con el modelo presentado por Carlos Urzúa, candidato a ocupar la Secretaría de Hacienda, según el cual la Oficialía Mayor de esa dependencia centralizará las compras de todo el gobierno federal para evitar la corrupción. “Yo sinceramente creo que no se pueden centralizar todas las compras de gobierno”.
Alejandra Palacios destacó que a través de este modelo que opera en países como Chile se obliga a todas las dependencias de la administración pública federal a realizar todas sus compras pequeñas a través de este mecanismo que promueve la concurrencia y también facilita la participación de las pequeñas y medianas empresas, como ha sugerido el equipo de transición de Andrés Manuel López Obrador.
Otras acciones que la Cofece puso sobre la mesa van orientadas a revertir "vicios" en las contrataciones públicas. Para ello propone exigir que las empresas contratadas revelen si tienen la intención de subcontratar; elevar los estándares para aprobar convenios modificatorios; hacer públicas los cambios en las concesiones o contratos y, sobre todo, que la Secretaría de la Función Pública inhabilite a los funcionarios involucrados en irregularidades, conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
La agenda de la Cofece plantea siete medidas más que sí requieren modificaciones legislativas. Estos cambios, explicó, van en dos sentidos: uno para que las investigaciones de mercado sean obligatorias y que una vez adjudicado el contrato estos estudios se hagan públicos para saber que se hicieron "y que quienes participaron son competidores y no compinches".
Palacios puso el acento en otro punto: revisar las excepciones para hacer contrataciones. "Me llama la atención que se puede hacer una adjudicación directa cuando hay un tema de seguridad nacional, pero en ocasiones dicen que los garrafones de agua en un centro penitenciario es un tema de seguridad nacional, ¿y eso por qué? En otros países de Europa tienen listas (de bienes y servicios) cuando hablan de seguridad nacional que precisan cuáles son y cuando no se deben adjudicar mediante concursos competidos".
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