El gobierno de México deberá indemnizar a PACC Offshore Services Holdings (POSH), compañía de Singapur, por daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento de contratos que la firma tenía con Oceanografía, que fue declarada en quiebra por Pemex, según determinó el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
El tribunal del arbitraje del Banco Mundial dictó un laudo del procedimiento a favor de la compañía asiática, la cual reclamó 213 millones de dólares al país desde hace casi cuatro años.
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Sin embargo, el fallo dado a conocer en el portal del CIADI el pasado 11 de enero no especifica un monto que el gobierno mexicano tendrá que pagar a la compañía.
De acuerdo con el sitio especializado en arbitrajes internacionales, Global Arbitration Review, el laudo también considera los daños a la empresa por la incautación de embarcaciones.
En mayo de 2018, POSH presentó una notificación de arbitraje tras considerar que sus inversiones se vieron afectadas a raíz de la inhabilitación de la empresa Oceanografía, el aseguramiento provisional de la petrolera, así como de embarcaciones bajo su posesión y el procedimiento de concurso mercantil.
Esto derivó en el incumplimiento de contratos de Oceanografía con la empresa de Singapur, a quien entonces le subarrendaba servicios.
El 11 de febrero de 2014, la Secretaría de la Función Pública (SFP) emitió la Circular OIC-PEP-AR-18.575. 005/2014 por medio de la cual comunicó a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a las entidades federativas, que debían abstenerse de aceptar propuestas o celebrar contratos con Oceanografía.
De acuerdo con la demanda de la compañía asiática, las acciones de México tomadas en contra de Oceanografía habrían violado las obligaciones del país bajo el Capítulo II del Tratado Bilateral de Inversiones México-Singapur.
La empresa reclamó la pérdida de su inversión en seis buques rentados a Oceanografía, por los cuales dejó de recibir pagos desde ese año cuando el gobierno intervino a Oceanografía e inició su concurso mercantil.
Aunque el laudo ya se entregó a las partes para notificarles la decisión del tribunal, la Secretaría de Economía (SE), dependencia encargada de representar al país ante tribunales internacionales por conflictos o demandas económicas y empresariales, no ha emitido un pronunciamiento al respecto.
El Sol de México solicitó una postura a la dependencia encabezada por Tatiana Clouthier sin ninguna respuesta hasta el cierre de la edición. Incluso, dentro de su micrositio de solución de controversias, la SE mantiene la demanda de POSH como un caso activo.
TERMINAN OTRA DEMANDA
Además del laudo a favor de POSH, el CIADI publicó la terminación de una demanda de Coöperatieve Rabobank U.A. contra el Estado mexicano.
“El Secretario General emite una orden tomando nota de la terminación del procedimiento de conformidad con la Regla 44 de las Reglas de Arbitraje del CIADI”, publicó el organismo.
La firma alegó que a partir de 2007 otorgó préstamos a Pemex para financiar la compra de nueve embarcaciones que serían utilizadas en la industria de servicios costa afuera (offshore), embarcaciones que, dijo, fueron usadas bajo contratos celebrados con la petrolera.
Coöperatieve Rabobank U.A. reclamó que México afectó su inversión con las medidas contra Oceanografía.
El CIADI no detalló cómo terminó el proceso y la SE no atendió la solicitud de información de este diario sobre el caso.
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